Una gota de agua en el mar
MARÍA TERESA VILLARREAL
Cuando en noviembre de 2006 dejó de funcionar la Fiscalía Especializada en Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (Femospp) sin resolver uno solo de los 788 casos de desaparición forzada que documentó, registrados entre 1968 y 1988 en México, nadie imaginaba que el país estaba en la antesala de un sexenio que pasará a la historia por la grave crisis de inseguridad que extendería por todo el territorio nacional el problema de la desaparición de decenas de miles de personas y dejaría una estela de más de 100 mil muertes violentas (Proceso, 30 de julio 2013).
La consigna “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, que se escuchaba hace más de 40 años en países sudamericanos que padecieron regímenes militares que desaparecieron a miles de hombres y mujeres, para reclamar la presentación con vida de los desaparecidos de la llamada “guerra sucia” cobra en este siglo XXI una terrible actualidad en todas las entidades del país.
Particularmente la desaparición de miles de personas en el contexto del combate a la delincuencia mediante un amplio despliegue de las fuerzas armadas, ha actualizado en la agenda nacional un problema que parecía asunto del pasado: la desaparición de personas, incluso la desaparición forzada que implica la participación de agentes del Estado. Hasta el final del sexenio de Vicente Fox en 2006 este tema hacía referencia específicamente a la desaparición forzada por motivos políticos de al menos 1,200 personas durante la llamada “guerra sucia” (1965-1982) y se consideraba un problema del pasado. Pero en 2011, la Caravana del Consuelo y la Caravana al Sur emprendidas por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) mostraron que miles de personas seguían desapareciendo en decenas de entidades en los últimos años a manos de la delincuencia, y también de policías, militares, o simplemente de desconocidos. Lo que ya denunciaban localmente grupos civiles en distintas entidades, se constata ahora a nivel nacional: la desaparición de personas, y en no pocos casos desaparición forzada, es un problema actual de dimensiones inciertas en México .
Aunque se habla de decenas de miles de casos, no todos encuadran en la definición de desaparición forzada –con participación o aquiescencia del Estado- por motivos políticos, como ha sido entendida en el marco de regímenes militares o autoritarios, ya que buena parte de los casos recientes son atribuidos a la delincuencia organizada, aunque sin evidencias, pues son escasas las denuncias y más escasas todavía las averiguaciones que realizan las procuradurías, con lo que la impunidad se vuelve una regla y se esfuman las garantías para el ejercicio de derechos más elementales.
Un Estado que desaparece literalmente a los ciudadanos, o bien, permite que agentes privados los desaparezcan impunemente, se convierte en un Estado predatorio, incapaz de proporcionar los bienes colectivos necesarios para el desarrollo y bienestar de la sociedad y que, en cambio, permite que las mafias -o éstas en complicidad con agentes estatales y económicos- destruyan vidas y patrimonios de miles de personas con absoluta impunidad, implantando el miedo y favoreciendo la desestructuración de la vida social. La violencia criminal exacerbada y patológica que ha llegado a manifestarse en miles de ejecutados, en cuerpos decapitados y descuartizados mostrados a los ojos de todos, y de decenas de miles de desaparecidos, no pueden explicarse sino por una profunda debilidad de las instituciones estatales que se fue construyendo a largo de décadas en las que ha prevalecido lo que Buscaglia (2011) llama “una versión de capitalismo mafioso” donde son comunes la corrupción y el intercambio de favores económicos y políticos entre élites gubernamentales y empresariales, dejando de lado el interés colectivo. En este contexto impera la impunidad, las instituciones y los recursos del país son entregados a intereses privados legales e ilegales, todo esto en el marco de una ausencia de políticas públicas de desarrollo social y político, dejando a la mayoría de la población abandonada a su suerte.
Ante esta situación, en diferentes estados han emergido colectivos de la violencia que denuncian los efectos sociales de este combate militarizado contra el narcotráfico, en particular cada vez es más destacada y visible la voz y las acciones de los grupos de familiares de víctimas de desapariciones. Estos colectivos han emprendido en el espacio público una lucha por el acceso a la justicia, que implica los derechos a la verdad y la memoria: conocer qué pasó con las y los desaparecidos e impedir el olvido. En el origen de cada uno de estos grupos destaca la lucha infructuosa que primero de manera individual ha llevado a cabo algún familiar. Han puesto denuncias en los ministerios públicos, han realizado sus propias pesquisas, han constatado que las averiguaciones previas no avanzan. Además de estas diligencias particulares, los familiares han optado por manifestarse en plazas y así se han ido encontrando con otras personas en la misma situación, se han ido agrupando y creando organizaciones más o menos estables, con reuniones periódicas, actividades planeadas y presencia en los medios. Las acciones que realizan estos colectivos avanzan a contracorriente de la indiferencia social y gubernamental, y contribuyen a plantear en el espacio público la necesidad de elaborar el duelo social por las miles de víctimas que ha dejado la violencia delincuencial y su combate.
Este texto pretende contribuir a la recuperación del trabajo que realizan los colectivos de familiares de los desaparecidos en Nuevo León para encontrar la verdad sobre lo que ocurrió con sus seres queridos y preservar la memoria para que esta tragedia no vuelva a repetirse. Para recuperar la información se revisaron fuentes hemerográficas por internet; blogs, perfiles de facebook y sitios oficiales de estos grupos; documentos e informes de organismos de derechos humanos. Las y los desaparecidos y el quehacer que realizan sus familiares en el espacio púbico son parte de la realidad del México de comienzos del siglo XXI. Sirva este texto como un aporte desde la reflexión ciudadana a la elaboración de eso que Mate (2003) llama el duelo político: “la conciencia de la responsabilidad de los presentes respecto a los ausentes”, y así impedir el olvido y el silencio.
Nuevo León y sus desaparecidos
Desde 2011, ya no es extraño que en las calles del centro de Monterrey incursionen grupos de personas que lanzan la consigna “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Son los familiares –y algunos amigos también- de las mujeres y hombres que han desaparecido en los últimos años en el contexto de la inseguridad y la creciente presencia de fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.
Con los desaparecidos de la llamada “guerra sucia” en Nuevo León [1] no hubo quién dijera algo, salvo las madres de las víctimas que a finales de los años setenta integraron el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados por Motivos Políticos, que al poco tiempo adquirió carácter nacional y se convirtió en el Comité Eureka. Ahora, en pleno siglo XXI, aunque no se puede hablar de una movilización social general en torno a este problema, sí hay elementos distintos: las y los desaparecidos están presentes –con diversa frecuencia y fuerza- en la agenda de los medios; el congreso ha tenido que debatir el problema; el gobierno ha sido obligado a ponerse a trabajar en este asunto; hay estudiantes, artistas, y periodistas que han dado muestras de solidaridad por la causa de los desaparecidos.
En Nuevo León, no hay información oficial sobre las dimensiones del problema de la desaparición de personas. Para tener una idea aproximada hay que recurrir a fuentes hemerográficas, datos publicados sobre denuncias recibidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJENL), y la información que Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C. (Cadhac) publica sobre los casos que ha acompañado, pero que de ninguna manera agotan todos los casos que ocurren en la entidad.
Van aquí solo algunos datos hemerográficos. En un reportaje publicado en 2006 en la edición 1711 del semanario Zeta de Tijuana, Rodolfo del Ángel Morales hizo un recuento de las fosas clandestinas halladas en el transcurso de 10 años entre 1996 y 2006 en los estados de Baja California, Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora y Morelos. Según ese recuento, en Nuevo León, en 1996, se localizó una fosa con 7 cuerpos en el municipio de Juárez, en una finca que pertenecía al ex líder del cártel del Golfo, Juan García Ábrego (Morales, 2006). El 14 de abril de 2011, el periódico capitalino La Crónica de Hoy publicó un recuento de los cuerpos hallados en fosas clandestinas realizado con base en datos difundidos por las procuradurías y las comisiones estatales de derechos humanos que abarcó de diciembre de 2006 a la fecha de la publicación: 712 cuerpos encontrados en 121 fosas localizadas en 19 entidades; en Nuevo León se indica que en ese periodo se habían localizado 6 fosas con 69 cuerpos (Blancas, 14 de abril 2011). Otra línea de investigación sobre la desaparición de personas es la que siguió el diario Milenio acerca de los cuerpos no identificados que son inhumados en fosas comunes. Con base en 479 solicitudes de acceso a la información dirigidas a los servicios forenses estatales y gobiernos municipales, de la cuales solo fueron contestadas 230, Milenio obtuvo información, en algunos casos parcial, de 25 estados y 210 ciudades y municipios. Para Nuevo León, la información recabada indicó que entre 2006 y 2012 se inhumaron en fosas comunes 2,990 cuerpos no identificados (Michel, 28 de octubre 2012). En 2012, en mayo, fue encontrada una fosa con 49 cuerpos en el municipio de Cadereyta (Milenio Digital, 19 de junio 1014). En 2013, la Procuraduría General de la República, PGR, localizó 5 cuerpos en enterramientos clandestinos en la entidad (Castilla, 28 de marzo 2014).
Hay muchas otras referencias en la prensa sobre hallazgos de cuerpos, que dan una idea de que en Nuevo León el problema de los desparecidos es grande. Llama la atención que no existan recuentos oficiales de estos hallazgos, y que para saber algo al respecto tenga que recurrirse a examinar notas dispersas en los medios. Parece que la realidad quiere ocultarse, pero se asoma constantemente en los espacios noticiosos.
En julio de 2011 se dio a conocer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó una revisión de notas publicadas en medios de comunicación y encontró que entre el 28 de enero de 2004 y el 16 de mayo de 2011 habían sido localizadas cuando menos 177 fosas clandestinas en 23 estados, de las que se exhumaron mil 20 cadáveres. En el reporte generado luego de esa revisión se indica que, en el caso de Nuevo León, hay información de que en el 2010 se localizaron 5 fosas en el municipio de Guadalupe con 6 cuerpos, y otra en Juárez con 51 cadáveres; en 2011 se publicó información del hallazgo de dos fosas en Cadereyta con cinco cuerpos y cuatro fosas en Linares con 6 cadáveres [2].
En cuanto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), una revisión de los informes anuales arroja información solamente sobre la cantidad de solicitudes de gestión en casos de personas desaparecidas o extraviadas, y la cantidad de usuarios que reportaron problemáticas relacionadas con desaparición, secuestro o levantamiento, pero no hay un reporte acerca de cuántas personas han sido víctimas de estos delitos.
Con las estadísticas sobre incidencia delictiva publicadas en internet por la PGJENL [3] tampoco es posible conocer cuántas víctimas de desaparición hay en Nuevo León, ni siquiera relacionadas a los casos denunciados, pues la estadística presentada no establece si se trata de desapariciones, solo se indican los casos de desaparición forzada a partir de diciembre de 2012 que es cuando entró en vigor la reforma que creó ese tipo penal. De acuerdo con esto, en el rubro de desaparición forzada, la PGJENL ha recibido 4 denuncias por desaparición forzada entre diciembre 2012 y noviembre 2015 (una en noviembre de 2015 y tres en 2013, una en febrero y dos en abril). Los demás casos de desaparición denunciados podrían estar dentro de las cifras que la PGJENL presenta como casos de delitos contra la libertad que se desglosan en privación ilegal de la libertad, rapto, trata de personas, delitos contra las niñas, niños y adolescentes ingresados a una institución asistencial, plagio y secuestro. En el rubro general de delitos contra la libertad, la incidencia delictiva presenta la siguiente evolución: 227 en 2008, 196 en 2009, 332 en 2010, 510 en 2011, 540 en 2012, 470 en 2013, 459 en 2014, y 503 entre enero y noviembre de 2015. Hay que tomar en cuenta también la llamada cifra negra que se refiere a los delitos no denunciados y aquellos que sí fueron denunciados pero sobre los que no se inició averiguación alguna. Aunque varía año con año, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el promedio nacional de la cifra negra es aproximadamente del 90 por ciento –el 90 por ciento de los delitos no se denuncia o no se inicia averiguación previa– y suele ser más elevada tratándose del secuestro.
Por su parte, en su sitio de internet, la organización civil Cadhac [4] presenta en sus informes anuales la evolución del número de casos de desapariciones que llegaron a esa asociación entre 2009 y 2014. En seis años, esa organización recibió 338 casos, de los cuales 88 corresponden a desapariciones forzadas; del total de casos se desprende un registro de 1,242 víctimas de desaparición. Ver Tabla 1.
Tabla 1 Casos de desaparición de personas recibidos en Cadhac
| Año | Número de casos | Número de víctimas |
| 2009 | 12 –8 corresponden a desaparición forzada– | 16 |
| 2010 | 10 –5 corresponden a desaparición forzada– | 76 |
| 2011 | 84 –19 corresponden a desaparición forzada– | 294 |
| 2012 | 103 –28 corresponden a desaparición forzada– | 621 |
| 2013 | 66 –18 corresponden a desaparición forzada– | 144 |
| 2014 | 63 –10 corresponden a desaparición forzada– | 91 |
Fuente CADHAC (Informes anuales). Aún no están disponibles los datos correspondientes a 2015.
Aunque ninguna fuente consultada presenta datos exhaustivos, es evidente que los casos de desaparición, o bien, los delitos contra la libertad, se dispararon a partir de 2011, pero en años anteriores ya ocurrían, como lo indican los reportes de cuerpos hallados en fosas clandestinas que datan de 1996 y los años siguientes, citados más arriba.
Este asunto de imposibilidad de conocer cuántas víctimas de desaparición hay es parte intrínseca de esa práctica, pues se trata no sólo de la desaparición física de la persona sino también jurídica, administrativa y política, se trata de borrar todo rastro, de no dejar evidencia alguna de su existencia. Por esto es tan terrible. Por esto es tan importante la lucha por la verdad y la memoria.
Contexto de inseguridad y violencia en Nuevo León
Esta segunda oleada de desapariciones –considero que la primera es la registrada durante la llamada “guerra sucia”- ocurre en México y en Nuevo León en el contexto de inseguridad y combate militarizado a la delincuencia organizada. En el caso de la entidad, la violencia tuvo su mayor impacto entre 2009 y 2013, sin embargo, ya desde los años 90 del siglo XX era evidente la presencia de grupos delincuenciales en municipios nuevoleoneses. En enero de 1996 Juan García Ábrego, líder del Cártel del Golfo, es detenido en su rancho de Villa Juárez, Nuevo León. Las notas de prensa señalan que tenía más de 100 propiedades en Nuevo León (Monsiváis, 2004). En 2002 ya eran comunes las balaceras entre bandas criminales en distintos puntos de la entidad, se sabía que lavaban dinero a través de casas de cambio y otros negocios, pero el gobernador de entonces, Fernando Canales, minimizó el problema y declaró “el narcotráfico me hace los mandados” (Cantú, 17 de enero de 2011; Ramírez, 06 de enero de 2002). En 2004 la prensa local reportaba levantones, ejecuciones y un incremento en los asaltos bancarios y robo de vehículos. En 2007, el mismo año en que se celebró en Monterrey el Fórum Internacional de las Culturas, también se hicieron más frecuentes las balaceras en lugares públicos. Ese año, el 15 de mayo, se registró la desaparición de 38 trabajadores de Petróleos Mexicanos en Cadereyta, Nuevo León, y ocho años después sigue sin conocerse su paradero. El entonces gobernador Natividad González Parás negaba la gravedad de la situación de inseguridad y violencia, se negaba a aceptar la entrada de las fuerzas armadas a la entidad, pero tuvo que ceder a las presiones del gobierno federal cuando en febrero de 2007 arrancó el operativo conjunto Nuevo León Tamaulipas con el despliegue de 10 mil efectivos militares y marinos en la zona rural y urbana (Medellín, 16 de octubre 2008). Desde finales de 2008 hasta principios de 2010 fueron frecuentes los bloqueos al tráfico vehicular en el área metropolitana de Monterrey perpetrados por bandas delincuenciales como táctica para entorpecer las acciones de bandas rivales o bien de la policía. El comercio se vio severamente afectado, muchos negocios adelantaron los horarios de cierre y otros simplemente cerraron sus puertas definitivamente.
Desde 2007, a mediados del sexenio del gobernador Natividad González Parás (2003.2009), también era evidente la infiltración de la delincuencia organizada en las fuerzas policiales, e incluso varios elementos fueron víctimas de desaparición. En septiembre de 2009 el problema de la desaparición de personas había llegado al Congreso del Estado, porque un grupo de mujeres con hijos y familiares desaparecidos envió un oficio para solicitar a los legisladores la creación de una comisión especial y presentaron una lista de 16 personas desaparecidas, aseguraban que en varios casos los responsables eran policías estatales y municipales (Congreso de Nuevo León, 2009, 29 de septiembre). En diciembre, los diputados aprobaron modificaciones al Código Penal para que en casos de denuncia de desaparición se proceda de inmediato a la búsqueda (Congreso de Nuevo León, 2009, 7 de diciembre). Sin embargo el problema continuó y empezaron a llegar estos casos a Cadhac [5], organismo civil que venía trabajando sobre todo casos de tortura, detenciones ilegales y de vulneración de derechos humanos en los penales de Nuevo León desde 1993. Los primeros casos de desaparición de personas que llegaron a esta asociación en 2009 se referían a policías municipales, especialmente de Monterrey y de San Nicolás de los Garza. En 2010 empezaron a llegar casos donde las víctimas ya no eran policías, sino ciudadanos comunes. Además, se detectó que cuando las personas acudían a solicitar ayuda y narraban lo sucedido indicaban que no sólo su familiar había desaparecido sino que junto con él también se habían llevado a compañeros, amigos, vecinos, pero la mayoría de las veces no se denunciaba. Cadhac empezó a documentar esa información como aproximaciones narrativas que revelaban más desapariciones que las que se denunciaban.
La lucha por la verdad
Desde 2009, en el local de Cadhac se realizan reuniones semanales con los familiares de personas desaparecidas que recibían asesoría jurídica de la asociación y apoyo psicosocial. En 2012, los familiares adoptaron el nombre de LUPA, Lucha por Amor Verdad y Justicia. En 2013, LUPA cambia su nombre por Amores, Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Desaparecidos y Secuestrados de Nuevo León, y continuaron la búsqueda de sus familiares con el acompañamiento jurídico y psicosocial de Cadhac. Desde entonces, integrantes de Amores acuden los domingos cada quince días a la Explanada de los Héroes a exponer las fotos de sus seres queridos desaparecidos, y también dan orientación a las personas que se acercan a preguntar qué hacer en caso de desaparición.
Los primeros años, los familiares y Cadhac tuvieron que enfrentar la indiferencia e ineficiencia gubernamental, en la Procuraduría les negaban el acceso a los expedientes de las averiguaciones y además criminalizaban de antemano a las víctimas desaparecidas y sus familiares, pues era frecuente que se asumiera que eran culpables de su propia desgracia pues “en algo malo andarían metidos”. El entorno social y mediático tampoco hacía eco de sus demandas y mucho menos daba muestras de solidaridad con los familiares de las víctimas. El 2011 fue un año crucial, pues en junio inició la construcción de una nueva estrategia de interlocución con las autoridades de la Procuraduría. Esto fue posible porque se conjugó la intervención del Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) con la repentina receptividad de la autoridad. Cuando en junio de 2011 la Caravana del Consuelo del MPJD visitó Monterrey en su recorrido desde la capital del país hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, en el evento de recepción efectuado en la plaza Colegio Civil se presentaron testimonios de familiares de personas desaparecidas, algunos de esos casos atendidos por Cadhac. Al enterarse de que el problema urgente en Nuevo León era la procuración, Javier Sicilia –dirigente del MPJD– pidió una cita con el procurador estatal, Adrián de la Garza, y esa misma noche del 7 de junio el funcionario recibió a un grupo de familiares, así como a integrantes de Cadhac y de la Caravana del MPJD, quienes le expusieron al procurador nueve casos y se llegó al acuerdo de implementar una mesa de seguimiento junto con Cadhac y con los familiares de los desaparecidos. Se fijó como plazo una semana para que la procuraduría anunciara el estado en que se encontraban los casos expuestos así como la ruta a seguir para avanzar en las investigaciones, y se estableció que en un mes los integrantes de la Caravana regresarían a Monterrey a revisar el cumplimiento de los compromisos por parte de la procuraduría. Esta fue la primera reunión entre procuraduría y familiares de personas desaparecidas en Nuevo León.
Las mesas de seguimiento son encuentros formales, colectivos, cara a cara, entre funcionarios de la procuraduría –ministerios públicos, coordinadores, subprocurador y procurador– y familiares de personas desaparecidas –integrantes de Amores–, acompañados estos últimos de integrantes de Cadhac, para revisar el cumplimiento de diligencias en la averiguación previa de cada caso. En cada reunión se asumen compromisos referentes a nuevas diligencias que deben realizarse para cada caso –localizar e interrogar testigos, dar seguimiento a nuevas pistas, girar oficios a otras dependencias para que apoyen en la localización de la víctima, recabar nuevas evidencias–. Los familiares son informantes clave para que las investigaciones avancen, son ellos los que aportan datos fundamentales que pueden guiar la averiguación. La revisión y evaluación del cumplimiento de estos compromisos es parte fundamental de las mesas de seguimiento.
Cada reunión es anunciada días antes en los medios de comunicación y redes sociales, invitando a la sociedad en general a acompañar a los familiares de las víctimas en su marcha desde las oficinas de Cadhac hasta las instalaciones de la procuraduría estatal, que es la sede de las mesas de seguimiento [6]. Al término de la reunión, se efectúa una rueda de prensa en las puertas de la procuraduría con la participación conjunta de familiares, funcionarios y la directora de Cadhac, Consuelo Morales. Además, Cadhac emite un comunicado evaluando los resultados de la reunión.
En las 24 reuniones realizadas entre junio de 2011 y diciembre de 2015 se han revisado 140 expedientes correspondientes a 234 personas desaparecidas –200 hombres y 34 mujeres–; producto de las investigaciones, se ha consignado a 63 personas por su probable responsabilidad en diferentes casos, de las cuales 17 ya han sido sentenciadas. De las 63 personas consignadas, 18 tenían carácter de policía o de oficial de tránsito al momento de realizar el hecho delictivo (Cadhac, 3 de diciembre de 2015).
Aun con todas sus limitaciones, las mesas de seguimiento de casos constituyen una estrategia novedosa en la lucha por el acceso a la justicia en los casos de desaparición de personas. No se logra la justicia completa si por ella se entiende encontrar con vida a todos los desaparecidos y sancionar a los responsables, pero sí se obliga al gobierno a atender las deficiencias evidenciadas en la procuración de justicia y en especial en la tarea de investigación, como parte de un ejercicio ciudadano de control de la gestión.
Con las mesas de seguimiento de casos se detectó la falta de protocolos de investigación. para los casos de desaparición. A lo largo de 2012 y 2013 se emprendió el trabajo de elaborar un protocolo, con la asesoría del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de expertos en la materia tanto de México como de Colombia (Cadhac, 2014, 20 de marzo), y que sistematiza los procedimientos acordados entre Amores, Cadhac y la PGJENL para la investigación de las desapariciones. Así, en marzo de 2014 se dio a conocer al Protocolo de Búsqueda Inmediata de Personas Desaparecidas. La puesta en práctica de los procedimientos está a cargo del Grupo Especial de Búsqueda Inmediata (GEBI), que se encarga de localizar a la víctima durante las primeras 72 horas de registrado el hecho –siempre que se trate de hechos que son denunciados de inmediato–; transcurrido ese tiempo, si la víctima no es localizada entonces la investigación es continuada por los ministerios públicos en su carga habitual de trabajo. Sin embargo, continúan las dificultades para avanzar en las investigaciones de los casos ocurridos hace años.
En agosto de 2014, la PGNL, Cadhac y Amores acordaron inscribir a las personas desaparecidas en el Sistema de Recompensas [7], de manera que cualquier persona que proporcione información fidedigna que permita encontrar a alguna víctima recibe una recompensa de 287,410 pesos.
MARÍA TERESA VILLARREAL
Como parte de la lucha por la verdad, los familiares y Cadhac impulsaron cambios legales de manera que en el marco jurídico se reconociera el delito de desaparición forzada. Todo ese año acudieron cada semana al Congreso local a exigir a los diputados la tipificación del delito de desaparición forzada, conforme a la iniciativa que un año antes había presentado Cadhac y que los legisladores mantenían detenida en comisiones. La insistencia tuvo resultado y, al fin, en noviembre de 2012 los legisladores aprobaron la tipificación de la desaparición forzada en el Código Penal del Estado de Nuevo León [8] conforme a los estándares internacionales, lo cual fue reconocido por la Organización de Naciones Unidas (OACNUDH, 13 de noviembre 2012). La reforma se publicó en el Periódico Oficial del Estado en diciembre de ese año y a partir de entonces está vigente en Nuevo León. Aun así, la lucha por la verdad enfrenta dificultades con el aparato administrativo y judicial, pues no ha habido consignaciones por ese delito por parte de la Procuraduría estatal y, por tanto, tampoco hay sentencias por desaparición forzada dictadas por jueces del fuero común.
En mayo de 2014 Amores y Cadhac presentaron una iniciativa de Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición, aprobada por el Congreso de Nuevo León en abril de 2015, que otorga protección especial a las familias de personas desaparecidas que se encuentran en un grave estado de vulnerabilidad por la imposibilidad de realizar trámites cotidianos como la obtención del acta de nacimiento de un hijo cuando el padre desapareció, la emisión de pasaporte para los hijos, el trámite de créditos diversos, continuar recibiendo prestaciones sociales que dependían del familiar desaparecido, entre otras cosas. De acuerdo a esta nueva ley la declaración de ausencia no requiere presumir la muerte de la persona desaparecida, por lo que su búsqueda deberá continuar. Para lograr esta incidencia legislativa, además de elaborar las iniciativas y presentarlas de manera formal, cada semana los familiares de las víctimas acudían al Congreso estatal para recordarles a los diputados que estaba pendiente la aprobación de sus propuestas.
En la búsqueda de la verdad, se han documentado y presentado casos de desaparición a los visitadores de organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El resultado del trabajo por visibilizar el problema y la demanda de justicia de los familiares organizados se hace patente al constatar la mención específica de casos de Nuevo León en los informes de organismos internacionales [9].
Además de Amores, en la entidad hay otro colectivo de familiares de personas desaparecidas que también ha emprendido la lucha por la verdad. En 2012, una de las integrantes de lo que antes era LUPA decidió iniciar otro grupo de familiares y se crea Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) con el apoyo de integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), organización que surgió en 2009 en esa entidad. Desde su creación, Fundenl ha realizado plantones frente al Palacio de Gobierno para demandar del titular del Ejecutivo la atención a los casos de desaparición, también ha sostenido reuniones con funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (federal).
Los integrantes de Fundenl han tenido que enfrentar la indiferencia o incapacidad de las autoridades, como en el caso de Brenda Damaris, desaparecida en 2011. Las autoridades estatales no siguieron los protocolos internacionales para la entrega de cuerpos por lo que, a pesar de la identificación positiva mediante prueba de ADN, los familiares dudaron de la identificación de los restos y, con el apoyo de Fundenl, exigieron al gobierno que permitiera efectuar una segunda prueba genética independiente. Al fin, en septiembre de 2014, el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) en conjunto con el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF) exhumaron los restos y, en febrero de 2015, entregaron los resultados del dictamen que ratificaron que los restos analizados efectivamente pertenecen a Brenda Damaris. Aunque los resultados no cambiaron la identificación ya hecha por la PGJENL, la realización del dictamen independiente permitió a los familiares ejercer el derecho a conocer la verdad con certeza (González, 12 de agosto 2013; Balerini, 20 de abril 2015).
Otro momento en que se toparon con la ineficiencia institucional ocurrió en julio de 2013, tras la aprobación de la Ley General de Víctimas [10] que está vigente en todo el territorio nacional y obligatoria para las autoridades en todos los ámbitos del gobierno, cuando algunos integrantes de Fundenl acudieron a la PGJENL para solicitar su acreditación como víctimas y así ejercer los derechos reconocidos en esa ley, pero los funcionarios desconocían el trámite a seguir.
En junio 2014, Fundenl entregó al Congreso local una iniciativa de Ley de Declaración de Ausencia que proponía que las empresas públicas o privadas en las que estuvieran laborando las víctimas de desaparición, continuara haciéndose cargo del pago del Seguro Social e Infonavit mientras se determina el estatus legal de los desaparecidos y así no dejar desprotegida a su familia (Muñiz, 03 de junio 2014). Aunque en 2015 se aprobó una legislación sobre declaración de ausencia, no contempla esta propuesta.
Entre agosto de 2014 y julio de 2015, se realizaron mesas de trabajo de Fundenl con la Procuraduría para evaluar la investigación que realiza el ministerio público en ocho casos de desaparición. Tras 10 meses de reuniones, Fundenl consideró insuficiente el trabajo de la Procuraduría (Fundenl, 9 de julio 2015). Con la llegada de la nueva administración estatal encabezada por Jaime Rodríguez, Fundenl ha reanudado las mesas de trabajo.
Puesto que consideran insuficiente la investigación de las autoridades para localizar a los desaparecidos, Fundenl ha emprendido lo que llaman brigadas de búsqueda independiente en campo. La primera brigada se efectuó el sábado 31 de octubre en la sierra ubicada en el kilómetro 92 de la Autopista a Saltillo –el sitio donde fueron encontrados los restos de al menos otra persona desaparecida y ya identificada mediante pruebas de ADN– donde encontraron prendas de ropa y un altar. La segunda brigada se llevó a cabo el 19 de diciembre en La Huasteca. En estas brigadas los acompañaron elementos de Fuerza Civil y de Servicios Periciales, ya que los objetos encontrados son entregados a la autoridad para su procesamiento y rescate de ADN (Fundenl, 31 de octubre 2015; El Porvenir, 20 de diciembre 2015).
La lucha por la memoria
Junto con la búsqueda de la verdad, la lucha por la memoria está presente en las acciones que emprenden estos colectivos. Marchas por las calles y plantones en plazas y frente al Palacio de Gobierno o el Congreso del estado tienen este sentido de hacer visibles a las y los desaparecidos, además de constituir una herramienta de denuncia pública del problema y de la falta de resultados por parte de las autoridades encargadas de investigar. En estos eventos los familiares portan pancartas y mantas con las fotografías y nombres de sus seres queridos. Claman al resto de la sociedad que mire las fotos, que si saben algo de sus seres queridos les informen, que los ayuden a encontrarlos. Estos actos públicos sirven también para exhibir la indiferencia gubernamental y, en algunos casos, la complicidad de las autoridades en las desapariciones. Algunos familiares portan carteles con los números de patrullas policiales involucradas en algún caso, o bien, señalan los nombres de los funcionarios omisos. Fechas especiales como el 10 de mayo, Día de las Madres, la última semana de mayo en que se conmemora la Semana Mundial del Detenido Desaparecido, el 30 de agosto, o el Día Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzadas, son ocasiones especiales en las que los colectivos de familiares organizan eventos públicos que recuerdan a la sociedad y a las autoridades la actualidad del problema y la falta de respuestas. Entre estos eventos destacan las marchas, plantones, peregrinaciones, veladas en plazas públicas, misas, presentación de videos sobre casos de desaparición.
En otro tipo de acción encaminada también a construir la memoria, en 2012, algunas mujeres de LUPA acudían cada semana al kiosco Lucila Sabella de la Plaza Zaragoza, en pleno centro de Monterrey, a bordar pañuelos con los nombres de las y los desaparecidos, sumándose de esta forma la campaña Bordando por la Paz que inició en 2011 en Coyoacán y se extendió a muchas plazas del país (Rea, 29 de marzo 2013). Fundenl ha continuado con esta acción, y en sus eventos públicos suelen colgar los pañuelos de cordeles para mostrarlos a la sociedad, como un signo de que tienen presentes a sus seres queridos.
La atribución de significado simbólico a espacios públicos también es otra herramienta utilizada para preservar al memoria de los desparecidos. En enero de 2014, Fundenl “toma” la plaza conocida como “El Breve Espacio”, localizada en Washington y 5 de Mayo,y desde entonces la denominan Plaza de los Desaparecidos. En una escultura de cristal dedicada a la transparencia ubicada al centro de una fuente que se encuentra en el lugar colocaron 13 calcas con los nombres de 13 de sus seres queridos desaparecido (Fundenl, 11 de enero 2014). Un mes después colocaron una placa para recordar a los desaparecidos. De este modo, convirtieron la plaza en un memorial, en un espacio a la vez de denuncia y de recuerdo. Sin embargo, en abril de ese año las calcas fueron retiradas por desconocidos, pero los integrantes de Funden volvieron a colocar otras nuevamente. A partir de entonces, en este sitio se reúnen semanalmente para continuar bordando pañuelos que conmemoran a cada uno de los desaparecidos (Sin Embargo, 13 de abril 2014).
En otros espacios públicos se han colocado murales conmemorativos. Amores y Cadhac inauguraron en mayo de 2015 el primer mural urbano en memoria de las y los desaparecidos de Nuevo León. La obra artística realizada por estudiantes de la Facultad de Artes Visuales de la UANL se localiza en un muro bajo el puente de Constitución y Morelos. En el mural se aprecian símbolos que suelen utilizar los familiares de los desaparecidos: “las velas encendidas significan esperanza de encontrarlos vivos, las mujeres a los lados son las madres que buscan a sus hijos, los pájaros y los globos son la libertad” (Muñiz, 31 de mayo 2015). Un segundo mural sobre los desaparecidos se ubica en Morelos y Dr. Coss, a un costado del edificio que ocupa el Centro de Investigación y Estudios Antropológicos del Noreste (CIESAS); allí en lo alto puede observarse la imagen de una mujer que abraza al familiar ausente. También fuera del área metropolitana se han realizado murales conmemorativos. En el municipio de Mina, Fundenl develó en agosto de 2015 cuatro murales que recuerdan a cuatro personas desaparecidas.
Además de los estudiantes, también fotoperiodistas se han solidarizado con la causa de los desaparecidos y facilitaron fotografías para la exposición “Detrás de las cifras existen historias”, que organizaron Amores y Cadhac en el Museo Metropolitano de Monterrey en noviembre de 2014. Allí se mostraron momentos diversos de la lucha emprendida por los familiares de la víctimas de desaparición.
Borrar todo rastro de la víctima es uno de los fines de la desaparición, por eso, para preservar la memoria y difundir su vida y acciones, Amores y Cadhac presentaron en diciembre 2015 el libro “Te seguiré buscando”, que incluye la historia de vida de 18 hombres y 2 mujeres, víctimas de la violencia en Nuevo León, narradas por sus madres, hermanas e hijas, integrantes de Amores. También hay decenas de videos producidos por los colectivos para difundir casos específicos o simplemente difundir el problema de las desapariciones. Estos videos están disponibles en internet en los canales de YouTube de Cadhac y Fundenl [11].
Además de las plazas y calles, la denuncia pública y la lucha por preservar la memoria de los desaparecidos se extiende ampliamente por internet [12]. A través de blogs, de redes sociales, de medios de comunicación alternativos, estos colectivos emiten sus propios comunicados oficiales respecto a alguna situación particular relacionada con su lucha, difunden sus actividades, solicitan cualquier información que ayude a encontrar a sus seres queridos, todo esto para hacer presentes a sus familiares desaparecidos, para mantener vigente en la agenda de debate social el problema y la urgencia de encontrar respuestas.
Nuevos sujetos políticos
Los colectivos de familiares de personas desaparecidas, como Amores y Fundenl, constituyen actores ciudadanos con un nuevo perfil, el de víctima, pero no como objetos de conmiseración social sino como sujetos activos que exigen cuentas a los gobiernos, y demandan la solidaridad social. Con sus denuncias nos advierten que la democracia no es tal mientras se ignore a los miles de desaparecidos y se apueste por el olvido, por la privatización del dolor, por el abordaje individual y aislado de los casos como si no se tratara ya de un grave problema colectivo.
Varios factores permiten dar una dimensión social y política al dolor, la palabra y las acciones de estos colectivos: ocupar el espacio público, utilizar un discurso de derechos, proyectar el tema más allá del ámbito local, y un entorno favorable a la visibilización del problema. Los colectivos que han reunido estos atributos han logrado algún grado de incidencia sustantiva e institucional que va desde colocar el problema de la desaparición de personas en la agenda pública de discusión, conseguir la atención de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, atraer el interés de organismos internacionales, lograr el reconocimiento del gobierno de la existencia del problema y tenga que hacer algo al respecto. Este reconocimiento –que se evidencia al participar en mesas de interlocución con los colectivos– es parte de la construcción de la verdad histórica acerca de los desaparecidos. Falta que las investigaciones avancen y también se construya la verdad jurídica.
El establecimiento de mecanismos formales de diálogo entre familiares y autoridades en torno al seguimiento de casos podría sentar las bases para inducir otro enfoque en las investigaciones que suelen concentrarse en hallar culpables, y no tanto en dar con el paradero de los desaparecidos, que implica necesariamente poner atención en las víctimas. De cualquier forma, considerar que con las acciones de estos colectivos se logra ya un giro real en el esquema punitivo de justicia es muy prematuro.
La capacidad de los colectivos para constituirse en una red crítica que interpela al gobierno y lo conmina a garantizar los derechos civiles depende de factores internos y externos. Entre los primeros está la habilidad para tejer vínculos con otros actores sociales que se solidaricen con la causa, la capacidad para documentar y sistematizar información sobre el problema, la destreza para jugar un rol protagónico en el espacio mediático, y la habilidad para llevar el tema al ámbito nacional e internacional Entre los factores externos destaca la posibilidad de que los medios de comunicación abran espacios para visibilizar sus acciones, y la presencia previa de otros actores sociales con un historial de compromiso con la defensa de los derechos humanos. Estos factores no surgen de la nada, tienen qué ver con la historia local, con las experiencias preexistentes de trabajo social y ciudadano, que puedan ofrecer alguna posibilidad para responder ante la creciente violencia y brindar algún tipo de apoyo a las víctimas. En Nuevo León hay un historial de 25 años de experiencias civiles organizativas con diferente capacidad de impacto en el espacio público en un abanico de temas que tienen que ver con una visión amplia de derechos humanos y democracia. Activistas que provienen de estas experiencias acompañan el caminar de estos colectivos. Aun así, falta mucho por hacer para poder hablar de una sociedad solidaria, capaz de experimentar el dolor social por sus desaparecidos, para empezar a construir el duelo colectivo.
Por otro lado, los organismos internacionales que apuntalan la lucha de los familiares de personas desaparecidas, dependen precisamente del accionar de estos colectivos, ya que son éstos los que brindan información sobre casos concretos, son los que salen a las plazas y calles para hacer presentes a los ausentes y demandar justicia. La voz y acción públicas de estos grupos son entonces indispensables para dar cuenta de la vulneración de derechos y la falta de capacidad gubernamental para garantizarlos.
Hay que destacar también el enfoque civilizado y esperanzador que prevalece en el accionar de estos colectivos, a pesar de la tragedia que enfrentan. No llaman a la venganza, sino que piden justicia, una justicia que repare los derechos pisoteados. Advierten también que el Estado está privatizado para servir a intereses criminales cada vez que sus agentes se hacen cómplices de la desaparición de personas. En medio de discursos oficiales de democracia y Estado de Derecho, ponen el dedo en una de las llagas que lacera y pone en riesgo todo el sistema social: la desaparición de miles personas con la permisividad del Estado. Por eso las voces de los colectivos de familiares de víctimas son llamados a la sociedad para que reconozca y detenga el problema, dé muestras de civilidad solidaria y no se acostumbre a la barbarie.
Notas
[1] El informe que elaboró la Fiscalía Especializada en Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, Femospp, y que entregó al presidente Vicente Fox en 2006 incluye una lista de 788 desaparecidos entre 1968 y 1988 y un solo caso de 1997, de los cuales solamente se indica que 7 se registraron en Nuevo León, todos entre 1975 y 1978 correspondientes a personas con militancia en organizaciones de izquierda. El informe elaborado entre 2002 y 2006 por la Fiscalía Especializada en Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, Femospp, está disponible en http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm
[2] La lista se encuentra en http://es.scribd.com/doc/59856110/CNDH-fosas-clandestinas (consultado el 14 de octubre de 2012).
[3] Disponible en: http://archivo.nl.gob.mx/pics/pages/pgj_est_base/TotalDelito.pdf
[4] http://www.cadhac.org/acerca-de-cadhac/informes-anuales/
[5] Cadhac –Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C.- es un organismo civil fundado por la Hna. Consuelo Morales Elizondo en 1993 en Guadalupe, Nuevo León, municipio del área metropolitana de Monterrey. A partir de 1995 reubicó sus oficinas en el centro de Monterrey frente a la plaza de La Purísima. Morales Elizondo pertenece a la Congregación de Notre Dame, Canónigas de San Agustín.
[6] Las oficinas de Cadhac se localizan a 500 metros de la Procuraduría, en el centro de la ciudad de Monterrey; los familiares recorren esa distancia marchando por las calles cantando y lanzando consignas, portando las fotografías de sus seres queridos desaparecidos. Cualquier persona puede acompañar esta marcha.
[7] http://www.nl.gob.mx/servicios/recompensa-personas-desaparecidas
[8] Artículo 432. Comete el delito de desaparición forzada de persona el servidor público, o el particular que actuando con la autorización, apoyo, consentimiento, conocimiento o dirección de aquél u otro servidor público; detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad en cualquier otra forma a una persona o facilite tal privación, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento del paradero de la víctima, con lo cual se impide el ejercicio de recursos legales y las garantías procesales procedentes. Este delito se considera permanente hasta en tanto no se establezca el paradero o destino de la víctima. Si durante la comisión del delito se cometiere otro en contra de la víctima, se aplicarán las reglas del concurso.
[9] Amnistía Internacional (2013), Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición de personas en México. ONU-DH (2012), Informe de Misión a México. Grupo de trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. Human Rights Watch (2013), Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada.
[10] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de enero de 2013.
[11] Cadhac: https://www.youtube.com/user/cadhac Fundenl: https://www.youtube.com/user/FUNDENL
[12] Amores: http://www.cadhac.org/amores/, https://www.facebook.com/groups/819163438110021/
Fundenl: http://fundenl.org/, https://www.facebook.com/FUNDENL/?fref=ts, https://twitter.com/fundenl, https://www.youtube.com/user/FUNDENL
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