Claudio Tapia. Nota para un intervalo
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Hace unos meses, un taxista, quien a su vez goza de una plaza de intendente en una clínica de Monterrey, me platicó que dentro de un quirófano presenció un parto de una adolescente de trece o quince años que gritaba tanto por el dolor que el médico partero, fastidiado por la situación o por las condiciones de trabajo en una institución gubernamental y lleno de estereotipos machistas, lanzó la siguiente frase: “¿Por qué no gritabas así cuando te la estaban…?”
¿Sería otra la percepción del doctor si hubiese estado al tanto de que la adolescente había sido violada? ¿Conocía la situación de su paciente? ¿Debería influir para que su servicio fuera óptimo? ¿y su ética profesional?¿Su moral y tacto humanitario están condicionados?
El taxista continuó comentándome que la chica se quejó del incidente con su mamá. La señora intentó en Recursos Humanos del hospital hacer una denuncia interna por violencia obstétrica. Procedió. Sin embargo, los administrativos de la institución indicaron a quienes estuvieron en la sala de parto, y fueron testigos de la mala práctica del partero no hablar del acontecimiento pues el sindicato pidió que respaldaran a su compañero con la advertencia de que sólo así se les apoyaría en el futuro. Silencio y resignación del taxista, quien expresó su inconformidad acerca del modus operandi del sindicato. La sorpresa para él fue que la denuncia de la madre contra el hospital tuvo seguimiento y una resolución: cambio de residencia laboral del médico y una indemnización para la madre adolescente. Sorpresa de la pasajera: la denuncia de los afectados.
Los resultados de diversas encuestas estiman que en México se efectúan 120 mil violaciones al año, de las cuales el 65% son en contra de niñas y mujeres de entre 10 a 20 años y el 13.7% contra niñas menores de 10 años. De las 120 mil violaciones estimadas, se han registrado 15 mil denuncias. Es decir el 12.5% decide por el trámite legal, a pesar de la existencia de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de personas (FEVIMTRA), instancia que el Estado propone como respuesta a estas circunstancias y que está orientado a cumplir con los tratados internacionales de perspectiva de género ratificados por el país.
En México, la denuncia en relación con la violencia de género es obstaculizada por múltiples y diversos motivos. Están aquellos que se comparten con la denuncia de otros abusos: ignorar cómo proceder ante la situación, desconocimiento de las leyes o falta de asesoría legal, la desconfianza ante la corrupción e inexistente transparencia de las dependencias públicas, lo complicado que puede resultar un trámite de denuncia, el tiempo que se invierte en varias citas, dinero para transportarse a la fiscalía correspondiente, falta de protección a la víctima —que va desde el declarar en la misma sala donde está el agresor hasta el miedo a la impunidad, o la absolución por falta de pruebas—, el acoso posterior a la denuncia, etc. Los datos recabados por el INEGI en 2011 indican que el 92% de las víctimas de delitos en México no denunciaron o quienes lo hicieron no tuvieron seguimiento por parte de las autoridades. Por otra parte, están aquellas circunstancias propias de la violencia de género: normalización de las agresiones en la convivencia familiar, restar importancia a la agresión, querer olvidar la situación, la negación de vivir en una situación de riesgo y reconocerse como víctima, no tener facilidades de independencia económica, e incluso sentirse culpables por “traicionar” a su pareja, cuando es ésta quien las agrede; así también, la sensación del fracaso personal y social por terminar la relación, por lo que terminan arraigándose al ideal de amor que conlleva sacrificios, resignación y entrega. El INEGI presentó en el mismo año, con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que en México 63 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han sido violentadas, y la ONU reportó en 2015 que el 38.9% de las mujeres mexicanas ha padecido alguna forma de violencia sexual al menos una vez en su vida.
Indignante a su vez es la postura de algunos servidores públicos y medios de comunicación ante estos problemas, donde permea un machismo sistemático que es difícil de modificar bajo estructuras patriarcales que sostienen a la sociedad desde siempre. En Acapulco, durante el 2013, seis turistas fueron atacadas y violadas. La respuesta inmediata del alcalde Luis Walton Aburto fue que este tipo de hechos ocurren en todo el mundo, lo cual aminora su responsabilidad e incapacidad para brindar seguridad. La Montañita, Ecuador 2016: Marina Menegazzo y María José Coni son violadas y asesinadas “por viajar solas” según los medios locales, además de calificarlas como víctimas propiciatorias, queriendo responsabilizarlas de su muerte. A pesar de la alertas de género en 11 municipios del Estado de México y 8 de Morelos en 2015, y la constante problemática de los feminicidios en Ciudad Juárez, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong declaró la siguiente contradicción: “La violencia de género y el respeto a los derechos humanos no deben ser politizados pero sí reconocidos, porque constituyen temas de las políticas públicas del Estado”. Es visible la desinformación sobre la perspectiva de género, la poca preparación y el desinterés de conocer sobre el tema por parte de funcionarios públicos. Aunque comprobado está que el conocer no garantiza un cambio inmediato, hay misoginia en el campo científico como en el de las humanidades, hay abusos tanto en grupos de lucha de izquierda como de derecha. La violencia es un mecanismo de control, represión y censura.
Ante este panorama alarmante, Nuevo León es el noveno estado con mujeres violentadas en el ámbito comunitario y el cuarto en el laboral (INEGI, 2011). ¿Por qué deslegitimizar o ridiculizar denuncias anónimas o públicas en plataformas electrónicas? ¿Por qué no señalar un abuso y hacer público (por cualquier medio, incluso redes sociales) el reconocimiento del responsable? ¿Por qué no decir las cosas como son, llamarlas por su nombre? ¿Por qué mantenerlo sólo en el plano legal?
En el caso de las turistas violadas y asesinadas en Ecuador, ha sido la fotografía grupal en un perfil de Facebook, en la que aparecen por casualidad Marina y María José, la que reorientó las investigaciones del crimen. Entonces, ¿por qué restar importancia al impacto mediático de la red social? Independientemente de las contrariedades que presenta la plataforma, se trata de un enramado social masivo para compartir información de forma inmediata. Violación y acoso, lo son aunque sea tu esposo, novio o amigo. Denuncia de acoso y abuso, es declarar para alertar a la comunidad, ya sea frente a las autoridades o frente al computador. Denuncia por Facebook es también denuncia.
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