Pronunciamiento del colectivo sobre las reformas educativas en Nuevo León que buscan responsabilizar a los padres de la educación formal y evadir el principio de laicidad
Un mérito de los foros de pacificación y reconciliación nacional es haber puesto en la mesa del debate la necesidad de abandonar la retórica de la guerra contra el narcotráfico. Se ha vuelto urgente anunciar y practicar un verdadero cambio de rumbo en la materia.
El despliegue de las fuerzas armadas en el territorio nacional no sólo no terminó con la producción y trasiego de drogas, sino que aumentó la violencia directa hasta niveles insospechados. El saldo humanitario es aterrador: más de 200 mil homicidios perpetrados desde finales del año 2006, un número de personas desaparecidas que rebasa los 35 mil, además de 345 mil desplazados por la violencia.
México es un país dolido. Lo peor, tal vez, sea ser conscientes de que México se ha vuelto una gran fosa. Los servicios forenses se han visto rebasados hasta tal grado que centenares de cuerpos sin identificar han sido apilados en morgues, anfiteatros, camiones refrigerados, para finalmente ser enterrados en fosas comunes. Mientras miles de personas sufren día y noche por no saber acerca del paradero de sus seres queridos, miles de almas en pena esperan su regreso a casa, para ser abrazadas y lloradas. Madres, padres, hijos, hijas, abuelos, novias, amigos, viven en una espera permanente de saber qué devino de sus seres queridos.
Las preguntas son muchas para quienes los buscan: ¿dónde están? ¿estarán vivos o muertos? ¿estarán sufriendo? ¿qué fue lo que les pasó? ¿quiénes son los responsables de que no puedan regresar? ¿porqué no dan señales de vida? ¿los habrán asesinado? ¿y dónde estarán sus cuerpos?
Pero también, uno se pregunta por qué si hay tantos cuerpos sin identificar, no existe un registro nacional de sus datos ADN. Y si sus familiares ya se practicaron una, dos, tres, cuatro, cinco y más pruebas de ADN ¿por qué no se logra hacer coincidir los datos ADN de unos y otros? Entonces ¿seguirán estando vivos? Esta duda permanente, esa incertidumbre de todos los días, se constituye en una tortura de la cual son responsables las autoridades al no realizar debidamente ni la investigación de los casos de desaparición ni la identificación de los restos encontrados.
Manifestación de madres de personas desaparecidas, organizadas en AMORES, Monterrey, 30 de agosto de 2018 http://cadhac.org/comunicado-amores-dia-victimas-desaparicion/
No dudo que las autoridades estén rebasadas. Tampoco que los medios falten. Pero ¿cómo no sorprenderse ante el aumento de los presupuestos destinados a la defensa nacional y a la seguridad pública, mientras que en Jalisco o ayer en Tamaulipas, se carece de espacios y medios para el trabajo forense? Tal parece que la guerra cobró muchas más vidas de lo que se esperaba: Méxicor tiene tasas de homicidios similares a un país involucrado en una guerra convencional.
Sí, queremos vivir en paz. Y la paz, como bien lo explicó Johan Galtung,[2] no es la ausencia de violencia directa, sino una forma de resolver conflictos por otros medios que la violencia. La paz se construye y es resultado de un proceso. Requiere que se entienda la raíz del conflicto, y considerar las múltiples violencias que hicieron escalar el conflicto hasta el uso de las armas, esto es, la violencia cultural y la violencia estructural.
La violencia estructural, que mantiene a un grupo oprimido, explotado, puede resultar más brutal que la violencia directa, además de sustentarse en una violencia cultural que legitima la marginación de este grupo. Estas ideas que justifican el uso de la violencia directa (heroísmo, patriotismo, machismo) son difíciles de modificar. Tantos feminicidios cometidos en México son una muestra de la violencia cultural que legitima un mandato de masculinidad hiper violento. Así mismo, los actos de linchamiento en contra de un supuesto “roba niños” son la expresión de una violencia cultural, alimentada por la impunidad que hace sentir a la población desamparada.
Entonces ¿es posible la paz y la reconciliación? Escuchar a las víctimas de los crímenes más atroces cometidos en los últimos dos sexenios es una muestra de buena voluntad, un cambio en la retórica desde los próximos titulares del gobierno federal, pero debe acompañarse de medidas concretas. La vía de las armas, es decir la militarización de la seguridad pública, ha demostrado ser una manera equivocada de resolver problemas de delincuencia organizada, y de seguridad pública. Desde la intervención militar en Nuevo Laredo en tiempos de Vicente Fox, y sobre todo con la guerra contra el narcotráfico decretada por Felipe Calderón, se demeritó la vía de la justicia para investigar y procesar a los delincuentes. Se tiene de consolidar esta vía en pro de la verdad y la justicia.
Hoy, además de los delitos por narcotráfico, se han de investigar y enjuiciar a las personas que ordenaron matar a civiles y desaparecer sus cuerpos. Es fundamental enjuiciar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas; ambas violaciones graves a DDHH están relacionadas ya que para borrar las evidencias de las ejecuciones se desaparecieron los cuerpos de las víctimas.
Sólo si se trabaja para la verdad y la justicia, sabremos qué pasó, cómo pasó, y quiénes fueron los responsables. Sólo así se avanzará hacia la resolución pacífica de las raíces de la violencia directa. Apostar por la justicia, y resarcir esta obscena impunidad, consolidará una paz cultural, es decir, la certeza de que se pueden resolver los conflictos de manera no violenta.
Foro de Pacificación y Reconciliación en Monterrey, fotografía de Juan Alberto Cedillo
Para esto, se requiere contar no sólo con la participación de las víctimas, a quienes se ofreció escuchar en los foros de pacificación y reconciliación, sino también con la firme intención de los altos mandos de las fuerzas castrenses para que las violaciones a DDHH sean juzgadas en tribunales civiles. Esto es, sin duda, la parte más espinosa del problema.
Con la aprobación de la ley de seguridad interior, el gobierno de Peña Nieto y el Congreso dotaron al Ejército de un dispositivo de impunidad. El ejemplo de Chile, que mantuvo a Augusto Pinochet a la cabeza de las fuerzas armadas hasta 1998, es decir, durante ocho años después de la elección de Patricio Aylwin en 1990, dificultó la justicia transicional y mantuvo en la impunidad a los responsables de las violaciones a derechos humanos cometidas durante la dictadura. El caso chileno nos recuerda la importancia de considerar al ejército como un actor clave del conflicto armado, que habrá de reconocer y asumir sus responsabilidades.
La tarea que se avecina es titánica. Empecemos por regresar el ejército a sus cuarteles y por investigar los casos de desaparición y enjuiciar a sus responsables, sea quien sea, en tribunales civiles.
24 de septiembre de 2018
[2] Galtung, Johan, 2004, “Violencia, guerra y su impacto. Sobre los efectos visibles e invisibles de la violencia”, Polylog núm. 5.
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