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En nuestro continente, la reelección presidencial ha tomado cauces diferentes. El menú es interesante, sobre todo, si se comparan las reglas al uso y sus más recientes modificaciones.
En este ámbito, tenemos cuatro esquemas claramente definidos:
- Hay quienes la prohíben por completo, como Guatemala, México o Paraguay. No es casual, estos últimos dos países sufrieron los prolongados periodos de Porfirio Díaz y Alfredo Stroessner. La figura de un caudillo sin rivales electorales ha ensombrecido a las sociedades, generando dolor y balas.
- Hay quienes la autorizan, pero para limitarla a dos periodos consecutivos. Es el caso de Colombia, Argentina, Ecuador o Brasil. Esos países optaron por el modelo estadounidense, en el cual un presidente no puede acumular más de dos mandatos seguidos, con lo que asiste una sola vez a la lucha por ser reelecto.
- Hay quienes la autorizan, pero para limitarla a periodos más bien discontinuos. Acá tenemos los ejemplos de Chile y Perú, países en los que los presidentes pueden aspirar a un retorno, pero tras, al menos, un mandato de espera.
- Hay quienes la autorizan sin restricción alguna. En este escalón se han ido agregando países, cuya élite política decidió abrir las puertas a la reelección indefinida y por ende, a la ambición ilimitada. Pueblan esta categoría Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Como vemos, la fiebre de la reelección indefinida aqueja a países de estirpe socialista o bolivariana, pero también a otros con temperamento más conservador.
En general se percibe que en los países de los grupos uno, dos y tres, la tendencia es no alterar la regla. Por ejemplo, el año pasado, el Congreso paraguayo impidió, en alianza con grupos sociales movilizados, que el presidente Horacio Cartes apruebe la reelección. Este año, en Ecuador, el gobierno actual ganó un referéndum en el que los electores rechazaron una reelección más allá del límite planteado en la Constitución de Montecristi (2008). En los demás países, el debate político nunca se ha concentrado en este tema, porque rige un consenso de que la reelección debe tener frenos.
El cuarto grupo es sin duda el más controversial. Levantar restricciones ha permitido que Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales y Daniel Ortega se transformen en figuras insustituibles del tablero electoral. En Venezuela, Bolivia y Nicaragua la liberación de trabas para ser candidato ha reforzado el personalismo. Algo similar ocurrió en Honduras, país en el que el presidente Juan Orlando Hernández (JOH) demostró que aquel argumento por el que el entonces primer mandatario Manuel Zelaya Rosales fuera expulsado en pijamas en la madrugada del 29 de junio de 2009, no vale más para las élites partidarias. Ahora ellas, en su anhelo de beneficiar a JOH, decidieron hacer, ocho años más tarde, lo que tanto criticaron en el pasado. Para el caso de Costa Rica, si bien la reelección fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia, sus beneficiarios no pudieron acumular el voto ciudadano para ser reelegidos.
Sin embargo, hay más contradicciones en este recuento. Los países que, además de Estados Unidos, impugnaron de diversos modos la Convención Interamericana de Derechos Humanos suscrita en 1969, son los mismos que ahora invocan su contenido para justificar la reelección presidencial en sus sistemas políticos. En efecto, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, que junto a Ecuador, no solo proclamaron el Socialismo del Siglo XXI, sino que también corearon que la Corte Interamericana era una institución parcializada y poco confiable, hoy usan la Convención para estirar al máximo los mandatos de sus caudillos.
El artículo 23 de la Convención o Pacto de San José sostiene que todos los ciudadanos de las Américas tienen derecho “a votar y ser elegidos en elecciones periódicas”. Dos líneas más abajo, el documento sostiene que la ley puede reglamentar tales derechos “exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena, por juez competente, en proceso penal”.
Así, los países más adversos a esta declaración, la subrayan con pasión para plantear que Daniel Ortega, JOH, Evo Morales o Nicolás Maduro tienen el derecho a ser reelegidos sin restricción alguna dado que son mayores de edad, tienen la nacionalidad del país, residen en él, conocen su idioma, tienen la instrucción mínima y nadie los ha condenado judicialmente. ¿Significa eso que el resto de los países latinoamericanos desde Alaska hasta Argentina violaron los derechos de personas como Álvaro Uribe o Barack Obama? Ciertamente no. Cuesta aceptar que solo cinco países fueron capaces de velar por los derechos humanos de sus políticos más ambiciosos.
Consultado al respecto, Porfirio Muñoz Ledo, actual presidente de la Cámara de Diputados en México, sostuvo en la ciudad de Puebla el año pasado que la reelección no es un derecho humano, porque las restricciones que se imponen a su despliegue en la mayoría de las constituciones de América, se aplican a todos los ciudadanos sin excepción. En tal sentido, no puede hablarse de discriminación alguna. Este es sin duda el argumento más contundente para criticar los alcances de las reformas constitucionales en Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Honduras o Costa Rica.
En el caso de Bolivia hay un agravante que no se detecta en los otros cuatro ejemplos. El 21 de febrero de 2016, los bolivianos fueron convocados a un referéndum en el se les preguntaba si estaban de acuerdo con cambiar la Constitución a fin de autorizar una nueva repostulación presidencial. Más de la mitad de los electores rechazó esa posibilidad. A pesar de ello, hace ocho meses, el Tribunal Constitucional de ese país impuso una interpretación de la Carta Magna, sosteniendo que el artículo 23 del Pacto de San José es de aplicación preferente en Bolivia. De ese modo, un grupo de tribunos desconoció la voluntad popular expresada ese 21 de febrero.
Sin duda, el debate sobre la reelección sigue vivo en varias zonas de América Latina. Sus efectos son los reseñados en estas líneas, las cuales podrían dar paso a renovados debates.
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