El marine o de la frontera como herida
Lado 1: Los siete magníficos
3 de enero de 2020, miércoles, según el calendario Huawei. Secretario general, lamento informarle que los estudios Disney han decidido apostar fuerte en el pasado militar de Adam Driver: adiós William Carlos Williams, hola Kylo Ren. Estados Unidos, qué duda cabe, se apresta a invertir fuerte en Irán. Ese el panorama internacional; en el nacional, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, primera guerrilla del siglo XXI, reapareció en los medios informativos el pasado 1 de enero, al cumplirse 26 años de su insurrección. En esta ocasión la opinión pública no actuó como contrapeso de la postura gubernamental, sino que inundó las redes sociales con toda clase de descalificaciones, provocando que el gobierno se viera excusado de adoptar una postura oficial. No sabría explicarlo: ¿se trata sólo de un cambio político o es hora de que el Comité Central considere también el factor tecnológico? ¿Estamos frente a los límites de la socialdemocracia o en presencia de otra alianza entre clases medias? Un cibernauta lo ha dicho fuerte y claro: “El EZLN defiende su propia agenda; ésta no coincide con los intereses generales de la nación”.
Jamás me planteé seriamente la necesidad de regresar sobre temas discutidos en el último lustro del siglo pasado. Confieso este error de cálculo; pero no dejemos de considerar lo siguiente: tales declaraciones provienen del timeline de antiguos simpatizantes. Pregunto entonces: ¿por qué el EZLN no tiene derecho a una agenda propia, una agenda que excluya al compañero cibernauta y a mí? ¿Tenemos que insistir, cada tanto, en la sorpresa del periodista que reconoció extractos del Plan de Ayala en la Primera Declaración de la Selva Lacandona? Recomiendo repostearlo a la brevedad: el Estado mexicano ha excluido (sistemáticamente) a los indígenas de su proyecto (liberal) de nación. No teman a la imprecisión, añadan una fotografía de Spivak, Bhabha, Said, Guha, Chakrabarty, Fanon si la geografía les reporta alguna clase de consuelo intelectual. Es hora de reposicionar el mensaje: “Italian mobster shoots a lobster, seafood restaurant gets out of hand”.
Lado 4: Las balas del imperio
Hace 10 o 12 años tomé un curso de antropología social llamado Movimientos Sociales y Etnicidad en el Contexto de la Globalización. Lo impartía el profesor Javier Rodríguez Mir, especialista en inmigrantes en Madrid e indígenas en Argentina. Rodríguez Mir era un expositor parsimonioso, maestro del detalle, abierto siempre al diálogo. Pocos, sin embargo, sabían qué preguntar cuando se abordaba un tema tan específico como la violencia capitalista en los indígenas wichí del Chaco argentino. Él mismo reconocía apenadísimo la singularidad de su investigación, razón por la cual trataba de ser puntual, lo que terminaba por desanimar a los estudiantes. El punto en el que más insistía era el siguiente: las formas culturales de los grupos nómadas son igual de complejas que las formas desarrolladas en las áreas nucleares de Mesoamérica y los Andes; administrar la escasez es complejo. Cito mal una de las simplificaciones más elaboradas de un investigador dispuesto a comunicarse con un grupo somnoliento de legos sudacas. Cuando Rodríguez Mir reconocía alguna clase o grado de entendimiento, se estrujaba la nariz, resoplaba satisfecho, considerando pasar a otra cosa. La mañana que comprendí (muy tangencialmente, debo aclarar) el valor de la experiencia indígena en el Chaco argentino para los inmigrantes en aquel rincón de Europa, Rodríguez Mir hizo más que pasar a otro tema: me recomendó leer a Francisco López Bárcenas, abogado mixteco, asesor del EZLN en los Diálogos de San Andrés.
…el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, primera guerrilla del siglo XXI, reapareció en los medios informativos el pasado 1 de enero, al cumplirse 26 años de su insurrección.
Compañero, disculpe si me desvío; aspiro al ejemplo, a la cara plana de una moneda que pueda intercambiar con los miembros del Politburó, ellos sabrán darle volumen. En mi adolescencia, se escuchaba un rocanrolito padre: “Niño mexicano, esta tierra es nuestra”. Como todo rocanrol, la letra aceptaba diferentes interpretaciones; ese carácter polisémico, me gusta creer, es una de las muescas del blues. No me interesa desarrollar a cabalidad el tema, prefiero ensayar sobre una de sus posibles interpretaciones: niño mexicano, desde la firma del Plan de Iguala, esta tierra es nuestra; todos somos ciudadanos (europeos, africanos e indios, con opción a todo empleo según mérito y virtudes), pero la propiedad de la tierra es siempre de los abajo firmantes. El documento, firmado el 24 de febrero de 1821, no dice nada sobre la restitución de tierras a los indígenas, una de las promesas centrales de los primeros caudillos. Sigo libremente lo expuesto por López Bárcenas en Autonomía y derechos indígenas en México: es posible encontrar la expresión tribus de indios en el artículo 13, fracción X del Acta Constitutiva de la Federación de 1824, así como en el artículo 50, fracción XI, de la Constitución de ese mismo año, sin que por ello dicho término sea desarrollado jurídicamente; la única explicación coherente, apunta a la transcripción íntegra del artículo 1.8.3 de la Constitución Federal de los Estados Unidos de América, donde el Estado reconoce el estatus jurídico de los indígenas.
La necesidad de dotar aquella figura de contenido jurídico fue evidente durante los debates del Congreso Constituyente de 1857: durante su intervención, el diputado del Distrito Federal reivindicó ciertos terrenos para uso de los pueblos indígenas; el diputado de Chiapas le dio la razón, pero se opuso a entregar tierras a las tribus de indios si antes no se acotaban los poderes de la iglesia. Charles Hale, en otro estudio, resume aquellas jornadas: “Ningún bando mostró un interés real por la libertad y el progreso de la población indígena”. En el ideario nacional los indígenas terminarían incorporándose a los asuntos de la nación gracias al igualitarismo liberal, o desaparecerían; ambas opciones eran aceptables. El gobierno federal confió en las legislaturas locales el gobierno de los pueblos.
Lado 3: La esquina soul de la RM
La Revolución mexicana nos legó tres grandes riffs: el Programa del Partido Liberal Mexicano (1906), el Plan de San Luis (1910) y el Plan de Ayala (1911). Los tres abordan abiertamente la cuestión indígena, pero el rollito soul estuvo siempre en la esquina de los zapatistas:
Los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía, de la justicia venal, entrarán en posesión de estos bienes inmuebles, desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes, pues han sido despojados de tales propiedades por la mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, armas en mano, la mencionada posesión; y los usurpadores que se crean con derecho a ellos, lo deducirán ante tribunales especiales que establecerá la Revolución.
La distinción entre pueblos y ciudadanos generará muchos de los debates que acompañarán el ascenso y la caída de la primera revolución social del siglo XX. ¿Era posible que el Estado revolucionario reconociera que parte del territorio sobre el cual gobernaba pertenecía a un grupo que se definía política, étnica y culturalmente diferente? López Bárcenas encuentra una primera respuesta en el artículo 27 de la Constitución del 17:
La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
Los pueblos indígenas se transforman en “núcleos de población” en la fracción VII del mismo artículo; vuelven a quedar fuera de la nación, sin reconocimiento del Estado, tras sacudir con la tronadera de sus 30-30 el campo mexicano. Al declarar inconstitucional cualquier forma de organización intermedia entre el poder municipal y los gobiernos estatal o federal, la ley fortaleció los cacicazgos locales. López Bárcenas apunta: “se les despojó prácticamente de todos los poderes que antes habían ejercido, reservándoles solo los servicios públicos”. ¿Simplifica? Seguramente. Pero no es difícil percibir el desarrollo de un modelo asistencialista del Departamento de Educación y Cultura para la Raza Indígena de Vasconcelos al Instituto Nacional Indigenista de Warman.
Lado 2: Otro dub
El 7 de junio de 1989 la Organización Internacional del Trabajo publicó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ese gol es más plurinacional que la tijera de Negrete frente a Bulgaria. Ahí, el derecho internacional reconoce finalmente que los pueblos indígenas que viven en países independientes requieren de derechos suplementarios para que sus condiciones de vida puedan equipararse a las del resto de la población. Es decir: ciertos grupos necesitan derechos colectivos para que sus miembros gocen, efectivamente, de derechos individuales. Explicarle esto a un liberal decimonónico es complicadísimo, pero como los gustos de Salinas de Gortari tendían más a la norma internacional que al estudio de la problemática nacional, no dudó en poner a consideración del poder legislativo el convenio. El Senado de la República lo aprobó el 11 de julio de 1990, lo regresó al despacho del presidente, quien firmó el instrumento de ratificación el 13 de agosto de 1990, depositándolo en la dirección general de la OIT el 5 de septiembre del mismo año.
La Revolución mexicana nos legó tres grandes riffs: el Programa del Partido Liberal Mexicano (1906), el Plan de San Luis (1910) y el Plan de Ayala (1911).
En sus descuidos, este país es grande: habiendo cumplido con los requisitos para convertirse en decreto, el Convenio 169 entró en vigor en el 91, emprendiéndose enseguida los trabajos para reformar la Constitución. Con base en los artículos 7, 9, 14 y 15 del convenio, el Congreso de la Unión reformó dos artículos de la Carta Magna: el 4 constitucional, donde se declara la composición pluricultural de la nación mexicana, se promete proteger el desarrollo de las lenguas de los pueblos indígenas, sus culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, además de garantizar a sus miembros el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, sin especificar cómo habrá de cumplirse con todo esto, o los mecanismos de participación en los planes y programas de desarrollo, la administración de recursos naturales y el derecho a la libre determinación; el otro artículo reformado es el 27, añadiendo a la fracción VII el siguiente párrafo: “La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas”.
Desde luego, no había el menor interés en reestructurar alguna institución o departamento con el fin de que aquellos gestos de magnanimidad liberal ganaran contenido en la práctica. Porque, además, concluidas las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México, creíamos, entraría en los mercados globales con todo el fua de una economía moderna, pujante, ambiciosa.
Lado 5: Desfile callejero
Los primeros días de enero del 94 fueron duros, es cierto: el ejército no sólo combatió a los guerrilleros, las fotografías que se filtraron documentaban ajusticiamientos. La opinión pública presionó: el 12 de enero Camacho Solís llega a Chiapas, un día después el EZLN lo reconoce como interlocutor en el diálogo con el gobierno. Las rupturas se suceden, los desacuerdos se multiplican, finalmente el neozapatismo firma con las ruinas de una administración marcada por el Error de Diciembre (94), los Acuerdos de San Andrés (96). La lectura de aquel documento es lo más cerca que he estado de comprender lo que “A change is gonna come” (1964) de Sam Cooke fue para los blancos liberales de clase media, coetáneos del movimiento por los derechos civiles (1954-1968): un puto llamado a la civilidad más elemental, carajo, la de la Constitución política.
El conflicto que se inició en Chiapas produjo en la sociedad mexicana el sentimiento de que es necesaria una nueva relación del Estado y la sociedad con los pueblos indígenas. El Gobierno Federal asume el compromiso de construir, con diferentes sectores de la sociedad, en un nuevo federalismo, un pacto social que modifique de raíz las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales con los pueblos indígenas. El pacto debe erradicar las formas cotidianas y de vida pública que generan y reproducen la subordinación, desigualdad y discriminación, y debe hacer efectivos los derechos y garantías que les corresponden: derecho a su diferencia cultural; derecho a su hábitat, uso y disfrute del territorio, conforme al artículo 13.2. del Convenio 169 de la OIT; derecho a su autogestión política comunitaria; derecho al desarrollo de su cultura; derecho a sus sistemas de producción tradicionales; derecho a la gestión y ejecución de sus propios proyectos de desarrollo. La nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas se basa en el respeto a la diferencia, en el reconocimiento de las identidades indígenas como componentes intrínsecos de nuestra nacionalidad, y en la aceptación de sus particularidades como elementos básicos consustanciales a nuestro orden jurídico, basado en la pluriculturalidad. La nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano debe garantizar inclusión, diálogo permanente y consensos para el desarrollo en todos sus aspectos. No serán, ni la unilateralidad ni la subestimación sobre las capacidades indígenas para construir su futuro, las que definan las políticas del Estado. Todo lo contrario, serán los indígenas quienes dentro del marco constitucional y en el ejercicio pleno de sus derechos, decidan los medios y formas en que habrán de conducir sus propios procesos de transformación.
En la parte baja de la última década del siglo XX a nadie sorprendió que el gobierno no mostrara intenciones de reconocer aquellos acuerdos, dificultando el diálogo. En noviembre del 96 la Comisión de Concordia y Pacificación redacta una segunda propuesta que permitiera a las partes continuar con las negociaciones. El PRI deja la presidencia en el 2000 sin haber dado respuesta a las demandas de los pueblos indígenas.
Lado 6: Oportunidades de carrera
Ruego al Comité considere el presente informe como las opiniones de un anticuario: nada de lo dicho hasta ahora o lo que pueda añadir después merece una sola historia de Instagram. Pero cuatro días después de rendir protesta como presidente, Vicente Fox mandó al Congreso de la Unión la propuesta de la COCOPA. Por supuesto, no la defendió, dejó abierta la posibilidad de que los senadores la modificaran. Los debates inician en enero de 2001, el 4 de marzo el III Congreso Nacional Indígena da a conocer la Declaración por el Reconocimiento de Nuestros Derechos Colectivos; el 28 de ese mismo mes el EZLN y el CNI defienden en la Cámara de Diputados la propuesta de la COCOPA; el 25 de abril el Senado de la República aprueba un dictamen relativo al Proyecto de Decreto en Materia de Derecho y Cultura Indígena; el 1 de mayo el CNI lo descalifica. En junio circula el documento Por el Reconocimiento de los Derechos y Culturas Indígenas, intento de la opinión internacional de influir en los legisladores mexicanos. Éstos no ceden: el 28 de junio la Cámara de Diputados aprueba el dictamen, turna la reforma a las legislaturas de los estados; el 18 de julio la Comisión Permanente del Congreso cuenta 16 aprobaciones en las legislaturas locales, suficientes para publicar el decreto de reforma constitucional el 14 de agosto de 2001.
En la parte baja de la última década del siglo XX a nadie sorprendió que el gobierno no mostrara intenciones de reconocer aquellos acuerdos, dificultando el diálogo.
Fox no sólo era guadalupano, también había sido director de mercadotecnia en Coca Cola: para él todo era tiempo e imagen, dudo que haya seguido las controversias constitucionales, él había dado un final católico al conflicto de la nación con los indios en este western mexicano. ¿Por qué reclamar ahora que el EZLN defienda una agenda propia? Todos sabemos el impacto que el tren transístmico tendrá en los pueblos indígenas, ¿o no? ¿Hemos de confiar en la mano negra del mercado? Seguimos sin reconocerles derechos básicos, ¿deben renunciar a sus intereses?
Camarada, siéntese: en esta esquina del triángulo es la nación, no los pueblos originarios, la que no ha sabido producir un discurso plural en los últimos 26 años. Demandamos que el gobierno emprenda políticas que nos beneficien directamente a nosotros, a nadie más. Esta es mi conclusión preliminar, el Politburó sabrá corregirme: desde su aparición en el 94, la otra agenda del EZLN nos enseña el valor de imaginar la nación desde el otro. ¿A usted le gusta este modelito de nación de más de doscientos años? Sea serio.
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