Siglo XXI: Era de la revolución digital… y del feminismo inclusivo e interseccional
por Efrén Sandoval Hernández
Esta semana llegó a mis manos la iniciativa de ley de ciencia, tecnología e innovación del estado de Nuevo León, la cual fue propuesta por el grupo legislativo del Partido Acción Nacional en febrero 2019 (LXXV Legislatura), y vetada junto con otras por el gobernador. La iniciativa sólo puede ser vetada una vez, así es que de volver a ser votada y aceptada (cosa que está por suceder), se convertiría en ley. Su contenido es preocupante.
Durante más de 18 años –y pocas cosas duran tanto en materia de política pública– la ciencia en Nuevo León ha permanecido cooptada bajo un paradigma que reduce al pensamiento y a la actividad científica al nivel de una tecnología y un medio para obtener beneficios económicos. Como si se tratase de un truco mercantilista, la actividad científica en Nuevo León sólo encuentra sentido si sirve a los intereses de empresas o al mejoramiento de indicadores económicos. Si acaso, la ciencia debe ayudar a que el dinamismo productivo y económico –del cual siguen diciendo los neoloneses nos debemos de sentir muy orgullosos– suceda de manera sustentable, aunque sin cuestionar la contradicción implícita entre “progreso” y daño al medio ambiente.
La política científica en el estado de Nuevo León sigue sujeta al paradigma positivista decimonónico que ignora, y con ello descalifica, cualquier otro conocimiento científico que no sea congruente con los principios de la productividad y la ganancia económica. Por tanto, en la actual Ley de ciencia, tecnología e innovación del estado de Nuevo León, como en la propuesta por la bancada del PAN (verla aquí), la visión de las ciencias sociales no existe. No hay lugar para el estudio sistemático, ordenado, reflexivo y probatorio de lo social como fenómeno.
Simple y llanamente, la idea de ciencia que tienen los tomadores de decisiones en materia científica en Nuevo León es a tal grado positivista que, cuando se trata de justificar la actividad científica como benéfica para la sociedad, sólo reparan en decir que la ciencia puede ayudar a disminuir el impacto al medio ambiente, como si ese fuera el único tema o problema, con implicaciones sociales merecedor de ser estudiado o evaluado en términos científicos.[1]
La política científica del estado de Nuevo León se concreta en el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología (I2T2), y más que funcionar como política pública, ha funcionado como iniciativa en beneficio de unos cuantos (y por ello su carácter de cooptada), su objetivo no nos deja mentir: “Impulsar y transferir la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico hacia las necesidades del mercado generando crecimiento económico para el Estado.”[2] ¿A quién ha servido esa política científica durante todo este tiempo? ¿Qué alternativas ha formulado ante el radical cambio de la realidad social de nuestro estado en los últimos 20 años? ¿Por qué, a pesar de esos cambios tan dramáticos, las prioridades de la política científica no han sido modificadas? ¿Cuál ha sido el impacto real de esa política científica en la recuperación, por ejemplo, del tejido y la paz social, o en la disminución de indicadores tales como la desigualdad o la violencia? ¿Cuántos recursos ha destinado para ello? ¿Acaso la ciencia es un ente que funciona distante de la sociedad y aislado dentro de un laboratorio o un parque científico? ¿Por qué en Nuevo León se sigue considerando que la ciencia sólo se puede “aplicar” a un “área prioritaria” como el medio ambiente y no a otras como la pobreza, la desigualdad, las violencias, la inseguridad, la democracia, el estado de derecho, la participación ciudadana, la educación intercultural, las relaciones de género, la discriminación, la impunidad, la corrupción, entre muchas otras? ¿A quién conviene que tal paradigma permanezca?
La iniciativa de ley que muy probablemente volverá a ser propuesta en el congreso de Nuevo León tiene muy poco de nueva (más bien nada), sobre todo porque no modifica un ápice el modelo dominante, mismo que ha sido rebasado sobradamente por la compleja realidad de la sociedad neolonesa. Una iniciativa auténticamente novedosa, debería abrir las puertas al estudio científico de la realidad social y de los múltiples problemas que aquejan a quienes conformamos esta diversa comunidad neolonesa (donde el tema ambiental, siendo muy importante, es solo uno de tantos).
Para lo anterior, se debería de desconcentrar el control de los recursos y los programas, separándolos de un organismo como el I2T2, dedicado de manera exclusiva a trabajar al servicio del paradigma de trabajo científico ya expuesto. Tomando en cuenta el contexto de nuestra sociedad, el centro del interés de una política científica efectivamente preocupada por la sociedad, debería ser de reconocimiento y financiamiento de proyectos de carácter científico social, aplicados a la resolución de la multiplicidad de problemas sociales. De no haber modificaciones en los planteamientos de la nueva ley de ciencia y tecnología del estado de Nuevo León, seguirá desarrollándose una política científica ciega y que da la espalda a la realidad de la sociedad. Apoyar a una ciencia ciega es como apoyar deportes acuáticos en un desierto.
2 de marzo de 2020
[1] Al respecto ver la ley actual, la iniciativa de ley y como prueba contundente los proyectos financiados por el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología, ¡en quince años! (Portal del I2T2)
[2] Cita tomada de la sección Información en la página de Facebook del Instituto.
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