
El pasado 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Libre y Seguro, el derecho de millones de mujeres mexicanas a decidir sobre su propio cuerpo cumplió un año más… de no ser garantizado.
La tarde del día anterior, en Nuevo León tuvo lugar una concentración que reunió a aproximadamente 500 mujeres, quienes reclamaron respeto al derecho a la autonomía de sus cuerpos, así como el fin del estigma y la criminalización contra las que deciden de manera libre, informada y con sustento científico interrumpir su embarazo. El año pasado, esta fecha se conmemoró con una marcha en el centro de Monterrey, durante la cual las manifestantes fueron hostigadas por un amplio operativo de la Policía de Monterrey; incluso una joven fue detenida de manera arbitraria.
Ahora, en el evento realizado en la Explanada de los Héroes, algunas mujeres participaron en la dinámica convocada por las organizadoras, que consistió en elaborar uno o varios pañuelos de tela de 1.5 por 1.5 metros, donde escribieron alguna consigna, el logo de la agrupación de la que fueran parte, o alguna frase alusiva al aborto.
Más de 200 de estos pañuelos primero fueron colocados en el suelo, cerca del astabandera de la explanada, y atados entre sí para formar un megapañuelo que después las mujeres llevaron a las puertas del Palacio de Gobierno.
Simultáneamente, quienes no asistieron publicaron en redes sociales imágenes en las que mostraban sus pañuelos verdes junto a los hashtags #MegapañueloNL #AbortoLibre #DerechoADecidir #28S y #HablemosDeAborto.
Hubo consignas, batucada, lectura de creaciones literarias, sesión de comedia stand up feminista e información compartida por las redes de acompañamiento activas en Nuevo León. En una de estas intervenciones, Vanessa Jiménez Ruvalcaba, de la red Necesito Abortar, le recordó tanto a las mujeres que han interrumpido sus embarazos como a las integrantes de dichas redes un par de cuestiones fundamentales: no están equivocadas, y sobre todo, no están solas.
“[…] la culpa, el miedo, la clandestinidad y la desinformación, son sólo el reflejo de la ignorancia del Estado sobre la realidad de las mujeres a quienes intenta criminalizar por ejercer su autonomía reproductiva y por decidir libremente el rumbo de su vida. Juntas, convertiremos la vivencia del aborto en algo digno y libre”.
“[…] nuestra labor es honrosa, que se avergüence el Estado porque nosotras cumplimos la labor que el Estado ha sido incapaz de garantizar”.
Y ante esa incapacidad y silencio institucionales frente a la violencia ejercida contra unas y otras a lo largo de años de lucha por la despenalización legal y social del aborto, el posicionamiento puntual:
“[…] hoy todas juntas les decimos que no nos vamos a rendir hasta que el aborto libre y seguro sea una realidad para todas las que deciden hacerlo, con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes”.
Días antes, un diputado local interpuso una denuncia penal contra grupos feministas por una supuesta “apología del delito”.
En el pronunciamiento final, de la colectiva Hablemos de Aborto, apoyado por las firmas de más de cien organizaciones y personas a título individual, se exigió ―una vez más― a todos los poderes de gobierno respetar y hacer valer los derechos en la materia avalados por la Constitución y tratados internacionales ratificados por nuestro país.

“Exhibimos al Estado como principal responsable de la criminalización a las mujeres que deciden por sus cuerpos y del abandono de los planes de vida de miles de niñas y adolescentes neolonesas al no brindarles una educación integral en sexualidad ni anticonceptivos de forma libre y sin ningún tipo de barreras o prejuicios”, apuntó el manifiesto.
“Desaprobamos cualquier acto político que, aprovechando estas épocas de incertidumbre y en su búsqueda de poder, no sólo se niegan el reconocer nuestros derechos sino pretenden quitárnoslos y, criminalizarnos por organizarnos y brindar información, yendo en contra de los derechos consagrados en nuestra máxima Carta Magna”.
En otra parte del mensaje también se recordó que las mujeres siguen construyendo redes de información y apoyo aun en medio de la crisis sanitaria mundial por COVID-19, situación que complica la ya de por sí crítica violación sistemática de sus derechos sexuales y reproductivos.
“Esta pandemia ha puesto de manifiesto lo inoperante que son los organismos responsables de la salud y seguridad pública, pues mientras dedican todos los esfuerzos en controlar una enfermedad, cosa que comprendemos y aplaudimos, se han olvidado de nosotras”.
Esto toma especial relevancia, ya que las autoridades federales y locales están obligadas a garantizar servicios de salud sexual y reproductiva durante esta emergencia sanitaria a través de todas las instancias que conforman el sistema nacional de salud. Tales servicios incluyen acceso a métodos anticonceptivos y esquema de doble protección, acceso a la atención integral del aborto seguro y cumplimiento de la NOM 046 de la Secretaría de Salud (SSA), además de acceso a la atención de la salud materna y neonatal y emergencias obstétricas, todo de forma gratuita con base en lo establecido en el Artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud.

De acuerdo con información difundida en el foro virtual “Mujeres y Derecho a Decidir 2020”, organizado por la Red de Abogadas Feministas de México, del inicio de la fase de confinamiento en marzo pasado a la fecha, la violencia sexual contra las mujeres ha incrementado 28% y se prevé que el número de embarazos no deseados aumentarán 30%. Asimismo, entre 13 y 51 millones de mujeres que utilizarían anticonceptivos modernos no podrán hacerlo.
En la actualidad, únicamente en CDMX (2007) y Oaxaca (2019), las mujeres pueden optar por la interrupción legal de su embarazo en las primeras 12 semanas de gestación sin que se les imponga sanción penal. En el resto del país, este procedimiento solo es permitido bajo ciertas causales de acuerdo con el código penal de cada entidad.
Adenda: para tranquilidad de las buenas conciencias, durante la concentración en Palacio de Gobierno hubo saldo blanco de intervenciones artísticas en muros y monumentos.
Nota de la autora: a la fecha en que fue redactado este texto (30/09/2020), nos siguen faltando Mayela Álvarez, y 73 mil personas más, actualmente desaparecidas.
“decidir sobre su propio cuerpo”. Mentira. Decides sobre el cuerpo de una niña o de un niño, que ya está en este mundo. Y decides y defiendes asesinarlo. Ni religión ni nada. Biología y evidencia. Defendéis matar las vidas más inocentes. Nunca podrá ser un derecho por mucho que chilléis y que otros corruptos os lo pongan en un papel.