Pronunciamiento del colectivo sobre las reformas educativas en Nuevo León que buscan responsabilizar a los padres de la educación formal y evadir el principio de laicidad
Como en todo el estado de Nuevo León, los habitantes de los municipios de Cadereyta, Villa de Santiago, Terán, Montemorelos y Allende padecen el clima de inseguridad que nos mantiene atrapados desde hace más de una década. Pese a esto, un rasgo que la población de Allende no pierde es la comunicación, sea entre lugareños o visitantes, aquí ésta no se dificulta. A las personas les gusta hablar, platicar, saludar y no se quedan con la duda. Preguntan dónde vive uno, de quién es pariente, a qué se dedica, cómo se llama.
La inseguridad en este pueblo ubicado al sur de Monterrey tiene un amplio saldo de asaltos, secuestros, extorsiones, despojos, desplazamientos y asesinatos. Un libro de terror podemos escribir con la cantidad de testimonios sobre hechos delictivos que han sufrido sus habitantes.
El pasado miércoles 5 de abril, después del mediodía, me encontré entre un extraño congestionamiento vehicular en un horario inusual en una bocacalle lateral a la que conocemos como carretera nacional. Al llegar a una intersección vi un vehículo compacto impactado sobre una banqueta y la inconfundible manta azul, que nos habla de un difunto, cubría un cuerpo.
Los hechos a detalle se comunicaron de inmediato: unos sujetos asaltaron en pleno día en el centro de Allende la tienda de Héctor Salazar. Justo cuando éste llegaba en su vehículo a su negocio, los sujetos salían corriendo y subían al auto compacto que los esperaba. Héctor los persiguió y les dio alcance e impactó el auto de los asaltantes logrando con el golpe averiar el auto y detenerlo. Del vehículo chocado salió un individuo con arma de fuego en mano y disparó a Héctor dándole muerte. El sujeto asesino encañonaba a otros automovilistas mientras sus cómplices huían del lugar. Sin pensarlo un automovilista, testigo de los hechos, al sentirse encañonado se agachó dentro de su vehículo y aceleró a fondo arrollando al sujeto asesino, causándole la muerte.
Estos hechos condujeron a la población de la conmoción e irritación al desafió. Con estos elementos se fue tejiendo la convocatoria en redes sociales para realizar una demostración de armas ese 5 de abril a las 11 de la noche: se invitaba a todo aquel que tuviera armas de fuego a lanzar disparos al aire a la hora dicha. Con ello los vecinos mandaban un mensaje a delincuentes y autoridades, que se harían justicia por su propia mano. Esa noche hasta las comunidades de Los Sabinos y El Venado se escucharon por varios minutos las descargas y ráfagas de armas. Y varios videos de esta demostración circularon en las redes sociales.
Los medios de Monterrey llegaron presurosos a entrevistar a la gente del pueblo. Algunos vecinos dijeron: “si la autoridad no es capaz de detener la violencia lo haremos nosotros a costa de nuestra propia vida”. Las autoridades municipales y estatales condenaron la demostración realizada y amenazaron a la población diciendo que actuarían con rigor contra quienes violen la ley de armas de fuego.
Lo que ningún medio cubrió, a pesar de que allí se encontraban, fue el despliegue de integrantes del ejército mexicano que al día siguiente en camiones militares arribaron a Allende. Armas en mano y en filas que cubrían lo ancho de la calle recorrieron el pueblo de uno a otro lado. Después se instalaron en un campamento de Fuerza Civil en la comunidad de Los Sabinos donde permanecen hasta el día de hoy. Mientras, el alcalde y las autoridades estatales seguían lanzando amenazas a todo aquel ciudadano que violara la ley de portación de armas.
En este pueblo de Allende, como probablemente en otros de la región, existe el antecedente que en décadas pasadas el alcalde se encargaba de convocar y organizar con habitantes de la cabecera municipal y las comunidades de Buena Vista, Jáuregui, Sabinos, Raíces, Colmena y Lazarillos el cuerpo de la policía rural, mismo que se encargaba de conservar el orden y la tranquilidad pública sin cobrar un peso de sueldo.
La autoridad entonces les proporcionaba a los seleccionados, un salvoconducto firmado por el gobernador, los medios para movilizarse y armas de fuego. Quizá esta manera antigua de organizar la seguridad pública se mantiene en la memoria de la población, y la violencia permanente que hoy padecemos fue el detonante para realizar la demostración de armas.
El Estado actúa reiteradamente de manera expedita contra el pueblo. Éste no va a permitir se restituyan prácticas antiguas de autodefensa, menos en la entidad modelo que se presume es Nuevo León. Seguirá apostando a que la exasperación y la irritación el pueblo las disuelva con futbol y más futbol. Por tanto lo que nos espera es larga vida al crimen organizado, pues hoy por hoy, el Estado en vez de aniquilarlo lo mueve en el tablero nacional como parte de la nueva economía en que se convirtió.
12 de junio de 2017
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