La población ha sido víctima de múltiples agresiones y violaciones graves a derechos humanos, tales como feminicidios, desapariciones forzadas, ejecuciones, entre muchas otras. Esto aunado a la corrupción e impunidad que impera en el país, ha generado una grave crisis de gobernabilidad en el país. El número de víctimas es comparable únicamente con países en guerra1 (declarada); sin embargo, el discurso de las autoridades gubernamentales sigue negando la problemática.
No obstante, frente a esta violencia permanente, existen grupos dentro de la población que, aunque con miedo como el resto de la sociedad, han decidido investigar y levantar la voz para denunciar lo que ocurre en México: las y los periodistas.
Aquí cabe aclarar que no pretendo ponerlos en un pedestal, pues también es sabido que parte de ellas y ellos, sea por voluntad al buscar convenios de publicidad oficial, o por amenazas del gobierno o la propia delincuencia organizada, ha decidido o tenido que decidir jugar bajo las reglas generadas por el pacto de impunidad. Pero, ¿qué pasa con quienes deciden no jugar bajo esas reglas? Los desaparecen y/o los asesinan para posteriormente ser criminalizados por los organismos investigadores, ya sea el federal o los locales.
Cada periodista que pierde la vida por buscar información para compartirla con el resto de la sociedad es un ataque contra todas y todos nosotros, porque ello significa que hay personas interesadas en mantener a la sociedad desinformada, sumida en el terror, sin capacidad de indignarse y sin exigir derechos. En mi opinión, no podemos seguirnos dando ese lujo.
De 2009 a 2016, ARTICLE 19 ha documentado 2,258 agresiones contra la prensa, de ellas 66 han sido asesinatos y 16 desapariciones2. A estas escalofriantes cifras hay que sumar seis periodistas más asesinados en lo que va de 2017 y uno desaparecido, haciendo ver que este año se configura como uno de los más violentos contra la prensa, no sólo por la cantidad de ataques, sino por la letalidad con la que se perpetran.
A pesar de estos escalofriantes datos, el punto central no son las cifras, sino el entendimiento de las historias que hay detrás, así como las repercusiones para la sociedad.
Los derechos humanos, al ser interdependientes, establecen una relación causal entre ellos, por lo que si uno se ve afectado, otros lo serán también. En el caso de la libertad de expresión, ésta encuentra una vinculación directa con el derecho a la información, así como con el derecho a la verdad y a la memoria, los cuales en contextos de democracia débiles y de dictaduras resulta fundamental.
Javier Valdez, Miroslava Breach, Rubén Espinoza, Regina Martínez, Moisés Sánchez, entre otras y otros periodistas lo entendían muy bien, por eso caminaban de la mano con familiares de víctimas de desaparición, investigaban casos de feminicidio, de corrupción, de alianzas entre gobiernos y delincuencia organizada. Todo eso para que nosotros como sociedad supiéramos lo que viven miles de familias mexicanas, pero también como una forma de exigir justicia y rendir honor en memoria de las víctimas. Periodistas como ellos fueron aliados fundamentales de la sociedad y sus voces fueron calladas.
Ciento seis periodistas asesinadas y asesinados después, orillaron al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a emitir un nuevo discurso respecto a su rechazo a la violencia contra la prensa3; sin embargo no aporta nada pues llega 54 meses después de iniciar su mandato, cuando ya las cosas estaban de por sí complicadas y pudieron haberse prevenido. Asimismo, no propone soluciones reales, además de argumentar que el principal peligro de las y los periodistas es la delincuencia organizada, cuando organizaciones no gubernamentales han demostrado claramente que no son sino servidores públicos quienes principalmente agreden a la prensa4.
Por un lado declara que fortalecerá a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) con más personas, pero esto resulta carente de sentido si no se analiza primero que ésta tiene un grave problema de origen y de voluntad pues su labor, desde su creación, se ha centrado en investigar si la víctima era realmente periodista o no, con el objetivo de declinar su competencia y en el proceso criminalizar a la persona, tal como ocurre en el caso del periodista Moisés Sánchez5, desaparecido y posteriormente asesinado en Medellín, Veracruz, en el año 2015. Esto ha propiciado, de acuerdo con el informe “Libertades en Resistencia” de ARTICLE 19, que la FEADLE sea una de las Fiscalías con mayor índice de impunidad al ser ésta de 99.7%6.
Por otro lado, Peña Nieto propone dotar de “presupuesto (al) Mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos”7. A pesar de ser una buena noticia, no podemos omitir señalar que este anuncio llega después del asesinato de cinco periodistas y de que organizaciones de la sociedad civil desde finales de 2016 advirtieran que para el ejercicio 2017 a dicha institución se le asignaron cero pesos para operar, manteniéndose este año con el remanente del año pasado. Además, como se ha señalado reiteradamente, este mecanismo presenta graves deficiencias al no construir estrategias que prevengan y combatan los problemas estructurales que generan la violencia contra personas defensoras y periodistas.
Sin embargo, ante este panorama tan adverso, vemos cómo poco a poco se comienzan a escuchar más voces que surgen de la sociedad para exigir justicia y gritar #NoNosVamosACallar y #NoAlSilencio en distintas entidades y que cada vez, a pesar de los embates del gobierno y/o delincuencia organizada por evitar que la verdad salga a la luz, más personas se dan cuenta de la importancia de solidarizarse, unirse y exigir en conjunto el respeto pleno y garantías a los derechos humanos. Estoy convencida que, de seguir fortaleciéndonos como sociedad consciente y accediendo a información, podemos avanzar en la construcción de un país mejor.
[1] El Financiero. “México es la zona de conflicto más mortal después de Siria”.
[2] ARTICLE19. “Libertades en Resistencia. Informe 2016”.
[3] WARP. “La respuesta de Peña Nieto a la violencia contra periodistas”.
[4] ARTICLE19. Op. Cit.
[5] La Jornada. “Otorgan amparo a familiares de Moisés Sánchez para que la Feadle investigue el caso”.
[6] ARTICLE19. Op. Cit.
[7] Animal Político. “Justicia y menos discursos, gritan a Peña en mesa sobre violencia contra periodistas”.
*Nota de Edición: Revista Levadura agradece la participación de ARTICLE 19, organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas, de acuerdo a los más altos estándares internacionales de Derechos Humanos, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia. La infografía tiene datos actualizados al 31 de mayo de 2017.