“Ningún médico quiere una pandemia”: Perfil y testimonio de una contingencia sanitaria
El trayecto terminó con el fin del camino. Mas allá del pavimento una pendiente de tierra da hacia la arena y la arena a la corriente del río: otra frontera líquida. Apenas se abrió la puerta de la van, y antes de que alguno pudiera asomar la mirada hacia afuera, los hombres que esperaban desde abajo, se apresuraban a preguntar “¿a Guate?”. La pareja que viajó en el asiento detrás del nuestro asintió con la cabeza. El hombre le pidió a su mujer los documentos y se dirigió al módulo de migración para registrar su regreso.
El recorrido hasta Frontera Corozal había tomado alrededor de 16 horas, con una breve escala en Villahermosa. Un tiempo inusual, que fue ocasionado por condiciones cada vez más cotidianas en los últimos cuatro años. Las carreteras se han vuelto (o volvieron a ser) espacios para la manifestación y la protesta. De cualquier tipo, contra la incapacidad de las instituciones locales para dar solución a los problemas públicos. Como una forma de responder al protocolo del silencio que los funcionarios públicos de todos los niveles se han encargado de formalizar.
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En mayo de 2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió destituir a todos los consejeros del instituto electoral de Chiapas “por la notoria negligencia con la que actuaron” durante los comicios de 2014-2015. Aquéllas fueron las primeras votaciones que se realizaron durante un gobierno proveniente del Partido Verde Ecologista de México, el primero de ese partido en México. El fraude no tomó por sorpresa a ninguno y la legislación evidenció que un acto de éstos resultaba insuficiente para declarar nulo un proceso fraudulento. En julio del mismo año, el gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, respondió a las marchas y las manifestaciones de los profesores, médicos, padres y madres de familia, contra la reforma educativa y la precariedad de los hospitales, con un mensaje ante los medios en el que citó el discurso que Gustavo Díaz Ordaz pronunciara antes de la matanza del dos de octubre del 68: “hemos sido tolerantes a excesos criticables…”. Ese mismo mes Domingo López, presidente municipal de San Juan Chamula, fue sacado a la fuerza del palacio municipal y golpeado hasta la muerte en la plaza pública por una multitud enardecida. Lo remataron con varios disparos en la cabeza, cuando se encontraba tendido, inmóvil, sobre las lozas del parque. El momento quedó registrado por la multitud de cámaras de vídeos de los teléfonos celulares y se difundió a la velocidad del espanto. En tiempos de la sociedad red, no pudo ser de otro modo. A los pocos meses, Mateo Gómez, el joven alcalde que sustituyera a Domingo, dejó el cargo después de haber recibido amenazas de muerte. En mayo de 2016, luego del fracaso de una mesa de diálogo en la curia de San Cristóbal de las Casas, el presidente del congreso local, Eduardo Ramírez Aguilar, fue llevado a la fuerza a Chenalhó, donde los habitantes lo retuvieron hasta ver cumplida su demanda: la renuncia de Rosa Pérez, presidenta municipal (también del Partido Verde). Todo, en menos de dos meses.
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–No hay luz –dijo el hombre que regresaba de la palapa de palma seca, en la que se encontraba el módulo de migración–. Apuntaron los nombres en una libreta –añadió, evidenciando en un comentario las limitaciones de las autoridades federales y sus registros migratorios.
La otra orilla del río pertenece a Guatemala. En ese punto, el cauce debe de tener poco más de treinta metros de ancho y la corriente se mueve con fuerza, de derecha a izquierda –¿qué es un río si no su propio movimiento?–. Las lanchas llegan a una estrecha escalinata de cemento pulido que termina en un descanso. Un par de pequeñas banderas –una de cada país– indica el inicio de tierra firme y otra callecita pavimentada. A los costados nada anuncia que allí atraviesa una frontera: no hay muro, no hay vallas, ni postes de madera con alambrados. De aquel lado la selva continúa, acentuándose a intervalos por las pochotas.
Pero la división existe y es tangible, aún sin ser física. “Un ser se define, y también se pierde, por sus contornos; y esta epidermis de la frontera debe ser cuidadosamente sensibilizada e irrigada por la cultura, para que ejerza con normalidad, eficacia y simpatía sus complejas funciones respiratorias y de relación con el no yo”, escribió Alfonso Reyes desde Petrópolis, Brasil, en 1933. Sus palabras parecen estar allá, a miles de kilómetros, y a este sitio en Chiapas los seres llegan perdidos de manera predeterminada. Una adolescente mexicana, de piel, cabello y ojos claros, le pregunta a su padre si por ese río pasan los indocumentados para entrar al país. El señor –lentes oscuros, botines Caterpillar, gorra Nautica– afirma con un movimiento de cabeza. Justo allí nace la frontera.
La zona arqueológica de Yaxchilán quedó circunstancialmente del lado mexicano y se llega a ella únicamente por aire o por río. El recorrido en lancha dura como 40 minutos cuado se va, y poco más de una hora cuando se vuelve, por viajar a contracorriente. En el transcurso, un par de adultos-jóvenes –después platicarán que son profesores universitarios– van recontando las diferencias que encuentran entre una y otra orilla, quizás como una forma de romper el letargo que produce el movimiento, el aire y el ruido del motor. En el juego hay una constante: de este lado, dicen, todo es más verde, arbolado, alto, tupido, etcétera; el otro está más deforestado, árido, bajo, opaco, etcétera. La frontera se reafirma también en hacer menos el no yo.
Los habitantes de Frontera Corozal pertenecen en su mayoría a comunidades choles provenientes de otras partes. Llegaron allí antes del decreto que formalizara su ubicación y la asignación, que no propiamente la propiedad, de las tierras en la década de los 70 del siglo pasado.
(Un año antes, el señor Ricardo nos platicaba de camino a la laguna Miramar que ellos, tzeltales, habían llegado a San Quintín –antes de ser San Quintín– porque allí les otorgaron sus parcelas. El arraigo no admite dudas: en su conversación distinguía claramente un “de donde vengo” de un “de donde soy”. La suya y de los que llegaron junto a él es una historia al estilo de “Nos han dado la tierra”, el cuento de Juan Rulfo, pero en una versión afortunada por el agua abundante, las tierras no agrietadas y las lluvias constantes. O al menos eso parecía hasta 1994, cuando la violencia militar se hizo presente con una rapidez inaudita. Desde entonces, a la entrada de San Quintín y Emiliano Zapata, hoy poblaciones exzapatistas, el enorme conjunto de edificios que forman el 38º Batallón de Infantería contrasta con la homogeneidad de las pequeñas casas. Contrasta también de otras maneras: mientras la instalación militar está junto a los poblados, la unidad médica del Seguro Social más cercana se encuentra a cuatro horas de camino en Guadalupe Tepeyac, y la segunda a seis, en la cabecera municipal de Ocosingo).
Del cuidado y conservación de la zona de monumentos arqueológicos de Yaxchilán se encargan los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Sin embargo, la dirección y la administración del sitio (incluyendo el cobro de algo así como un derecho de acceso para los visitantes) corresponden a la cooperativa de la localidad. La apropiación de atribuciones ocurrió con la organización de los pobladores, luego de años de desencuentros con las autoridades. Se trata de una redistribución empírica de competencias que se acerca más a la esencia original del federalismo, aunque se aleje del reconocimiento de las leyes. “No está mal –comenta Julio, un arqueólogo de Guatemala–, mientras no descuiden los monumentos”.
Y no lo hacen.
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Para llegar a la iglesia del centro de San Juan Chamula, los visitantes deben dejar los vehículos en un estacionamiento a las afueras del primer cuadro del poblado. Su circulación allí no está permitida. La calle principal desciende en una pendiente leve y llega hasta la plaza central. La vista desde cualquier punto sobre la estrada topa irremediablemente con un enorme logotipo del PRI, pintado en la pared lateral de una casa grande de dos pisos. Es difícil imaginar que sea de otro modo. Aquí, como en pocos lugares, el PRI no ha dejado de ser el partido oficial. Aquí también, a diferencia de otros lados del país, ha roto la alianza con el partido verde. Las consecuencias del reacomodo partidista no han sido propiamente civilizadas. Domingo López y su familia las vivieron en carne propia.
La atmósfera del poblado es densa. Tiene algo de triste y desolador. El ánimo empeora al salir de la iglesia –cuyo interior es de un sincretismo alucinante–. Regreso al estacionamiento por la calle principal. Sobre la banqueta un hombre vende pulseras en una mesita que hace de mostrador. Arriba de ella hay también dos huacales: sostienen amarradas las alas extendidas de un águila muerta. Las moscas y los chaquistes vuelan en órbitas irregulares alrededor de los ojos del animal, que todavía siguen húmedos.
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En general, la carretera que va de Palenque a Lacan-ha y a Frontera Corozal se encuentra en buenas condiciones. Al menos, en un mejor estado que el de las calles del centro de Tuxtla Gutiérrez, la capital. Gran parte de la infraestructura de caminos y carreteras, por el que ahora se mueven pobladores y viajeros (inclusive pistas de despegue y aterrizaje para avionetas), nació de la urgencia del gobierno –disfrazada de necesidad– por movilizar al ejército, durante el levantamiento del EZLN. Aunque los zapatistas abandonaron la vía armada hace ya varios años, los soldados se quedaron. Están en las ciudades, en los poblados, en los retenes, en los aeropuertos y en los campos militares que abundan por todos lados. Chiapas es un estado particularmente militarizado desde el conflicto zapatista, mucho antes de la guerra contra el narcotráfico que declarara Felipe Calderón. El ejército, junto con la coca-cola y las iglesias protestantes, han llegado a rincones adonde varios servicios públicos básicos no lo han hecho, o llegan con poca frecuencia.
Pernoctamos en Lacan-ha Chansayab. El espectro de las lámparas eléctricas –alimentadas por celdas solares– es apenas una burbuja luminosa en la noche. Entre todos los sonidos de selva, prevalece el de un conjunto de cascadas que se encuentra a unos cuantos metros del campamento.
Durante la cena en el comedor de uno de los campamentos para visitantes, Chayane Chambor –Chambor quiere decir “pequeña abeja”–, un joven de unos 17 años, de la comunidad lacandona, luego de darnos la bienvenida nos comenta un poco de la relación con las instituciones. “Del dinero que envían los organismos internacionales aquí no se ha visto nada”, comenta en un español que en ocasiones estructura en su lengua natal, el maya, como si tradujera en el instante.
“Hace días estuvo aquí el presidente, vino a prometer ayudas. No es cierto”, continúa Chayane. Por esos días, varios diarios nacionales publicaron: “Peña Nieto instruye acciones para proteger la Selva Lacandona”. Como si hubiera algún mérito en ordenar una acción que por ley están obligados a cumplir.
A la entrada de Lacan-ha hay una caseta –de madera, con base de concreto– operada por las mismas personas del poblado. Se cobra el acceso de los visitantes al pueblo y a la zona natural protegida. Detrás de la caseta hay una construcción clausurada, rodeada del monte que ha crecido y de malla metálica. En la parte exterior de las paredes están pintados –los colores aún permanecen vivos– el logo y las siglas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Los autobuses y las camionetas de los tours se quedan en la entrada de la comunidad y los viajeros descienden y utilizan el transporte local para llegar a Bonampak. De la escena podría interpretarse un mensaje: aquí las instituciones estatales llegan, pero es la autonomía la que funciona. Los recursos que recaudan se quedan en la comunidad, evitando así la espera de su largo retorno desde las arcas de las Secretarías de despacho, en forma de programas sociales.
En Palenque, por ejemplo, es diferente: el visitante debe primero hacer un pago a la CONANP, por ingresar al área natural protegida, y luego otro al INAH, para acceder a la zona arqueológica; en Yucatán, la Ley General de Hacienda del Estado impone a los extranjeros y a los mexicanos no yucatecos el cobro de un derecho de acceso a las antiguas ciudades mayas (además del cobro del INAH). Al menos pretende imponerlo, pues en otros sitios, como Kabah, el ingreso es de facto gratuito.
Lo que sucede en Lacan-ha y Frontera Corozal no es sino otro caso –de tantos– de las diversas disyuntivas que se dan entre legalidad y legitimidad. El camino hacia el estado actual no ha sido fácil ni mucho menos pacífico.
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A finales de agosto de 2017, los titulares de Petróleos Mexicanos, las Secretarías de Hacienda y de Medio Ambiente y el gobernador de Chiapas, se reunieron en Bonampak –que se encuentra adentro de la zona de Lacan-ha– para un evento oficial. Anunciaron la donación anual, por parte de Pemex, de 25 millones de pesos “a perpetuidad” –la hipérbole es uno de los recursos favoritos del priísmo– para conservar la Selva Lacandona. Quizá ninguno de los funcionarios esté enterado de que desde hace tiempo en aquella orilla del país –circunstancialmente mexicana– se ha decidido prescindir, en la práctica, de las instituciones estatales que representan. Pobladores y políticos posan para las fotografías oficiales. Todos sonríen.
Septiembre de 2017.
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