Le llamo río
Foto: Ejemplares de ibis en el río La Silla. Antonio Hernández.
Observar una montaña en Monterrey, desde la zona urbana, permite con mucha certeza advertir el territorio donde se encuentran diversas Áreas Naturales Protegidas (ANP). En éstas se ha determinado que es necesaria la conservación de su biodiversidad, el manejo de su problemática ambiental, o el mantenimiento de sus procesos naturales, cuyos beneficios ambientales son numerosos para todas las personas.
La diversidad de ANP incluye zonas protegidas por el estado, como el Cerro del Obispado, la Sierra Las Mitras, o la Sierra Topo Chico. Aunque no son montañas, también son ejemplos la zona boscosa de La Pastora, al oriente de Monterrey; igualmente, el río Santa Catarina, o el pequeño lago en San Bernabé, al poniente de Monterrey; y otro semejante, al norte de esta misma ciudad.
Unas más son responsabilidad del gobierno federal. Si observamos al sur, veremos al Parque Nacional Cumbres de Monterrey. También es notable el Cerro de la Silla, con su categoría de Monumento Natural.
¿Qué debemos entender cuando un territorio está sujeto al régimen de ANP?
Las respuestas pueden depender de la categoría que ostenten, o de las razones que hayan justificado su declaratoria de protección.
Un caso es el Monumento Natural Cerro de la Silla (MNCS). En su polígono se prohíbe que se construyan nuevos centros de población. Otra regulación se trata de la limitación para habilitar infraestructura, a excepción de la que permita apoyar los objetivos de conservación de la biodiversidad o sus ecosistemas.
Como asunto de fondo, el objetivo prioritario en un ANP es el de conservar la biodiversidad. Al lograrse este fin, la consecuencia es que se garantizan, en diversos alcances, la provisión de servicios ambientales a las poblaciones humanas y de vida silvestre.
El prototipo de ese beneficio es el del histórico Parque Nacional Cumbres de Monterrey (PNCM). En las miles de hectáreas que comprenden su extensión, se ubica una cantidad mayoritaria de las fuentes de agua desde donde se garantiza el consumo para las personas en la zona metropolitana de Monterrey o la industria que existe en esta ciudad. Esa razón sería, por si sola, motivo suficiente para evitar que esos espacios fuesen dañados, o afectados de modo grave.
Ese bien es posible porque las zonas con vegetación que ahí existen cumplen su función como elementos que infiltran al agua bajo el suelo, favoreciendo que se extraiga desde los acuíferos, para volverla disponible a las necesidades humanas.
La integridad de esa vegetación, que funciona como creadora del agua, persiste gracias a la existencia del PNCM. Esa categoría de protección obliga a que los bosques o matorrales sean sujetos a reglas, con el fin de que la diversidad natural persista en condiciones adecuadas.
Debido a que se trata de un Parque Nacional es que está prohibido el aprovechamiento de madera con fines forestales. O que no se puedan urbanizar tierras para crear asentamientos humanos. El resultado es, con claroscuros, una condición que permite avalar que haya agua para el consumo humano, por citar el beneficio de mayor consecuencia.
La oposición a ese beneficio tiene relación con la presión que ejerce la existencia de las poblaciones humanas en la zona metropolitana de Monterrey. En todos los casos, las amenazas a la conservación de esos espacios (no solamente el PNCM), tiene origen en la especie humana.
La existencia de ecosistemas o su biodiversidad en condiciones aceptables, es sinónimo de paisajes atractivos. Montañas con zonas boscosas, ríos que fluyen con agua durante la mayor parte de los días, o escenarios para la práctica de actividades deportivas, son ejemplos de los contextos que podemos encontrar en las ANP.
Esas condiciones las vuelven atractivas para el turismo o el paseo. Es común la presencia de miles de personas en parajes de las ANP. Esto ha causado eventos adversos, o amenazas que no favorecen el cuidado de esos espacios naturales.
Abundante basura es una de las evidentes. La ocurrencia de incendios forestales, causados por el descuido de visitantes, es otro de los impactos más destructivos que pueden ocurrir. Otro de los más demoledores es el tránsito de vehículos todoterreno, que originan ruido, erosión, creación de nuevos caminos, o la destrucción de las vías existentes.
La introducción de especies exótico-invasoras también es otra amenaza. Plantas que crecen sin mayores conflictos en las zonas urbanas, al ser introducidas a los ecosistemas de las ANP, son causa de conflictos ambientales graves, que no tienen solución inmediata, más que el control moderado de sus daños.
El carrizo, planta que fue utilizada en la arquitectura local como estructura de soporte en algunos techos, es de origen asiático. Al tiempo, ha presentado un comportamiento invasor, desplazando vegetación nativa de los ríos, quedando en muchos casos como la única especie existente en los cauces. Al intentar su control o erradicación, ha mostrado resistencia a la tala, uso de fuego, y herbicidas.
Otro ejemplo grave es un árbol llamado trueno. También de origen asiático, y al contrario de su existencia en los espacios citadinos, su introducción intencional a las zonas de montaña en las ANP aledañas a Monterrey, como elemento ornamental, ha sido de grave consecuencia.
Al igual que el carrizo, tiene un comportamiento invasor, y ha ocasionado daños a los bosques de encinos y pinos. Hay espacios en las ANP en donde solamente crecen truenos, y los elementos nativos se encuentran en retroceso, sin posibilidad de recuperación, a menos de que ocurra la intervención humana determinante.
Otras amenazas vinculadas con la presencia de personas en las ANP es la relacionada con el consumo de alcohol, o el tránsito de vehículos con altas velocidades. La muerte de personas, a causa de atropellamientos, o la conducción de vehículos por personas alcoholizadas, es un daño que ocurre con frecuencia.
El desarrollo urbano, sin regulaciones compatibles con la conservación de la biodiversidad, es un impacto a las ANP que puede ser más familiar.
Considerando la referencia del inicio, donde se estableció que en dos de las ANP aledañas a Monterrey se prohíbe la apertura de nuevos centros de población o asentamientos humanos, no se podría aceptar que esa norma constantemente sea rebasada.
A lo largo del MNCS es común la invasión de los límites que representan la protección de esa montaña. Esto implica la pérdida de elementos naturales, como vegetación y fauna, o la invasión de cañadas o ríos.
Paralelo, esto involucra el quebranto de los servicios ambientales que el conjunto de la diversidad natural erradicada ofrecía. Las consecuencias contemplan afectaciones en la capacidad para captar agua, producción de la erosión, o la disminución del hábitat para vida silvestre. Esto no es exclusivo de la montaña simbólica de Monterrey, porque también ocurre de modo constante y paulatino en el PNCM.
La disputa legal por el uso de las tierras destinadas para conservación, con las urbanizadoras e inmobiliarias que impulsan la construcción de asentamientos humanos, es otra estrategia que ha resultado exitosa para habilitar fisuras en el estatus de protección de las ANP.
Las empresas que han impugnado formalmente las declaratorias de las ANP, argumentando escenarios como violaciones al derecho de consulta, han resultado en que cientos de hectáreas sean excluidas de los polígonos de conservación. Al no estar vinculadas con las reglas que obligan al cuidado de ecosistemas, ha sido posible la construcción de sectores residenciales en zonas del MNCS y EL PNCM.
La responsabilidad en el manejo de estas amenazas es de todos los niveles o segmentos de la población.
El control del desarrollo urbano corresponde al ámbito municipal. En una mayoría de casos, la postura de las administraciones municipales ha sido la de favorecer este elemento, mediante su regularización. Aquí los planes municipales de desarrollo urbano han sido estratégicos para consolidar esa tendencia. En cada administración que sustituye a la precedente, es habitual la actualización de esos documentos, con reglas que favorecen el establecimiento de construcciones, o la regularización de las existentes.
En la parte preventiva, hay inacciones del gobierno federal. El aspecto de inspección y vigilancia, que forma parte de una estrategia que permitiría defender al ANP de acciones urbanizadoras, tiene un alcance mínimo e insuficiente.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que tiene la responsabilidad de sancionar los daños a las ANP, en años recientes ha mostrado un trabajo deficiente, con pocos resultados para el castigo de esas faltas sobre las reglas de conservación en los espacios protegidos. Su trabajo de policía ambiental es de resultados que no responden a la necesidad de castigo a quienes impulsen esas amenazas. En este aspecto es un ejemplo la inexistente sanción definitiva a quienes invaden el MNCS y el PNCM.
Otro escenario equivalente es el de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Esa dependencia, responsable de la administración y el manejo de las ANP federales, tiene una tendencia durante los últimos años que ha resultado modesta, ante el reto representado por la necesidad de garantizar la integridad de los ecosistemas en las ANP.
Ese contexto se puede comprender considerando que ambas instituciones cuentan con presupuestos mínimos, personal con capacidades profesionales insuficientes para lo requerido por las necesidades de manejo vigentes, o liderazgos institucionales modestos, sin resultados efectivos para la coordinación e interacción con actores vinculados al contexto ambiental; además, desvinculados con muchos sectores civiles involucrados, o con interés en el cuidado de esos territorios naturales.
En la perspectiva de los actos administrativos o de manejo requeridos para revertir las amenazas, tienen un papel estratégico los ayuntamientos.
Los impactos vigentes tienen su correspondiente nivel de gobierno como responsable de la atención.
Para la recolección de basura, un servicio que deben otorgar los ayuntamientos, esa necesidad debe pasar por un fortalecimiento de las capacidades del nivel municipal para atender el tema. No existe una estructura definida que permita la colecta de basura o residuos en las zonas remotas o rurales de las ANP. Paralelo a ello, el componente educativo hacia visitantes o turistas requiere favorecer conductas que permitan comprender o conocer la importancia de las ANP, para que cuando se realicen estancias en éstas, se eviten acciones que vayan en contra del cuidado de las mismas.
Si se quiere regular el tránsito de los vehículos todoterreno, otra vez son los ayuntamientos quienes deben impulsar acciones para que ese segmento deje de ser una amenaza a la biodiversidad. Los reglamentos de tránsito, en cualquiera de los municipios, carecen de reglas que normen el tránsito de vehículos en las ANP. Esto vuelve caótico la existencia de los mismos, y permite que cada vez sean más las zonas destruidas o degradadas por su existencia.
En la base se encuentra el manejo de la problemática ambiental estricta. La restauración o cuidado de los componentes naturales impactados requiere presupuestos suficientes para implementar acciones restauradoras inmediatas, y otras, consecutivas de mediano y largo tiempo.
Dinero suficiente y su administración adecuada, asì como manejadores de las ANP con capacidades técnicas y políticas suficientes, son elementos que deben lograrse de manera progresiva e inmediata. Como se puede advertir, todas son circunstancias que no están vigentes.
Estos son algunos de los impactos que afectan a las ANP. Su adecuado manejo debe ser una prioridad de todos los niveles de gobierno, y también exigencia e interés de la población.
Lograrlo es una necesidad. Una parte de nuestra viabilidad como poblaciones humanas depende de ello. Requerimientos básicos e indispensables, como la disponibilidad de agua con calidad adecuada y en cantidades suficientes, son ejemplos de lo estratégico de ese planteamiento.
Fortalecer la estructura que permite la existencia de las ANP debe ser una política prioritaria, de utilidad pública, por encima de cualquier interés de urbanización o negocio privado, prevaleciendo el beneficio colectivo que aportan a la sociedad.
De no ocurrir así, los efectos sobre los ecosistemas, que se manifiestan del modo ya referido, tendrán una consolidación continua. Actuar en el sentido contrario, permitirá la permanencia de las personas, o expresado de modo amplio e incluyente, la de toda la biodiversidad, como un resultado sucesivo o final.
*Imagen de portada: Cañada El Pozo, en el Cerro de la Silla. Foto de Antonio Hernández.
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