De la Guardia Nacional, reflexiones.

La Guardia Nacional es el asunto que ha acaparado la atención dentro del Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado por Andrés Manuel López Obrador, quien para la fecha en que esto se publique ya será Presidente de México. Lo cierto es que la figura de Guardia Nacional ha estado en la Constitución desde 1917, pero no había sido regulada su existencia, es decir, solo existía en el papel, aunque hay referencias de que en el siglo XIX —con otros marcos constitucionales— ya se había hecho uso de ella en México (Huitrón, Isaías, 15 de noviembre de 2018 “La Guardia Nacional que quiere AMLO ya se usó en el pasado”, en Nación 321).

La advertencia más recurrente sobre este intento de legislar y hacer que cobre vida más allá del papel la figura de la Guardia Nacional se refiere a la propuesta de que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional y no de la Secretaría de Seguridad Pública. La alerta indica que esto se traduce en la militarización de la seguridad pública del país. Sin embargo, llama la atención que en los cambios constitucionales que Morena presentó en la Cámara de Diputados para concretar en parte el Plan del gobierno entrante, no se indica nada acerca de que la Sedena estará al frente de la Guardia Nacional, esto solo se afirma en la parte de Exposición de Motivos del documento, pero para hacerlo realidad tiene que meterse en el texto constitucional (Gaceta Parlamentaria, año XXI, número 5159-II, martes 20 de noviembre de 2018). Este punto relativo a si será la Sedena o no quien esté a cargo de la Guardia Nacional es el que más polémica ha desatado. Pero la creación en sí de este cuerpo de seguridad parece que es más bien aceptado. Incluso el colectivo Seguridad Sin Guerra —conformado por familias de víctimas, académicos y representantes de más de 100 organizaciones civiles— plantea que estaría de acuerdo con una Guardia Nacional con mando civil. Es decir, sí la Guardia Nacional pero sin mando militar.

El ámbito en el que, según la propuesta presentada por Morena, operaría la Guardia Nacional es solamente federal, en el orden estatal y municipal no se plantean cambios en los esquemas de seguridad que operen en cada entidad federativa y gobierno municipal. La propuesta indica en el articulado que la Guardia Nacional tendría como función auxiliar al Ministerio Público federal pero siempre bajo su mando y conducción, en la persecución de los delitos de ese orden y no los del fuero común, aunque en realidad son estos últimos los de mayor incidencia.

El nombramiento de militares a cargo de la seguridad pública sea federal, o en las entidades federativas es una práctica recurrente desde los años noventa en México, y desde entonces organismos internacionales han indicado que esto ha militarizado la seguridad pública, a pesar de tratarse de mandos militares que no están en activo en ese momento, o bien, están ya retirados. Además de mandos militares al frente de la Secretaría de Seguridad Pública ya sea en el orden estatal o municipal, en algunas entidades como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila, Durango y Michoacán, desde 2016 la Policía Militar patrulla las calles, en Nuevo León lo hace junto con Fuerza Civil y en las otras entidades junto con las policías estatales; hay que destacar que esta Policía Militar depende de la Sedena y aun así se le han asignado funciones de apoyo a la seguridad pública sin cambiar marcos legales. En la actualidad son miles de elementos de la Sedena los que a través de la Policía Militar ejercen funciones de seguridad pública y para ello se construyeron cuarteles con inversión público-privada en varios estados, es decir, el empresariado apoyó con millones de pesos (Boletín del Gobierno de Nuevo León, 19 de febrero de 2016, “Tres mil elementos del Ejército se sumarán a la vigilancia y combate al crimen en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí” en http://www.nl.gob.mx/noticias/inicia-policia-militar-operaciones-en-nuevo-leon; Coronado, Sonia, 10 de noviembre de 2014, “Colocan primera piedra del cuartel de la Policía Militar en NL”, en El Financiero; La Jornada, 10 de octubre de 2016, “Policía Militar asumirá tareas de seguridad pública en los estados”; Castillo, Adín, 01 de agosto de 2018, “NL fue el parteaguas de la Policía Militar”, en Milenio). Este hecho de la participación abierta de la Policía Militar perteneciente a la Sedena asumiendo labores de seguridad pública directamente en entidades y municipios no ha causado mayor revuelo, si acaso alguna nota y alguna crítica que se pierde en medio del vocerío de la vida pública. La militarización de la seguridad pública, por tanto, ya está y no solo porque hay mandos militares, o por los constantes operativos policiaco-militares para combatir delincuencia organizada, sino porque los militares ya están asumiendo directamente labores de seguridad pública de Estados y Municipios. Esta sí es una militarización nacional, que abarca los fueros común y federal. Aun así la inseguridad y violencia persisten.

Los resultados negativos y hasta desastrosos de las estrategias de seguridad en diferentes partes del país ya sea que estén en manos de civiles o dirigidas por mandos militares —o de extracción militar—, o ejercidas directamente en la calle por los mismos militares o solo por corporaciones policiales están a la vista: incremento en violaciones a derechos humanos, mayor incidencia delictiva, numerosas ejecuciones de personas señaladas como delincuentes sin mediar juicio alguno, cárceles sobrepobladas de inocentes y culpables, profunda percepción social de inseguridad e indefensión.

En los últimos diez años se ha intentado una y otra vez limpiar las corporaciones policiales —federal, estatales y municipales—, agregar más filtros, mejorar de nuevo esos filtros al ver que fallan, y así, de nuevo constatar ineficiencias, corrupción y hasta colusiones con grupos delincuenciales. Claro que también hay elementos policiales excepcionales en su capacidad y honestidad. Pero en general, los resultados de tantos intentos de reforma policial no son alentadores. Tanto la Policía Federal, como las estatales y municipales han sido señaladas como violadoras de derechos humanos por la CNDH, las comisiones estatales de derechos humanos, o bien organizaciones civiles defensoras de derechos humanos. Igualmente militares y marinos han estado involucrados en numerosos casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Como instituciones, ninguna se salva, ni las fuerzas armadas ni las corporaciones civiles de seguridad pública. Horror y desaliento.

El caso de Nuevo León, que suele mencionarse como ejemplo a seguir, con la conformación de Fuerza Civil como cuerpo de seguridad estatal con formación militarizada a partir de 2011 solo arrojó resultados que podrían valorarse como positivos durante los primeros años, pues ya para 2015 un estudio elaborado por la organización Causa en Común, A. C. lanzó una alerta amarilla al mostrar que ese cuerpo policial estuvo a punto de reprobar la certificación (Padilla, Jesús, 31 de enero 2016 “Se debilita la Fuerza Civil” en Reporte Índigo), y para 2017 esa misma organización ubicó a Fuerza Civil en el lugar 12 de 32 corporaciones estatales evaluadas, el área con más baja calificación resultó ser de nuevo la certificación por mantener en activo a elementos reprobados (Ayala, Verónica, 16 de noviembre d e2017 “Falla NL con bajas policiacas”, en El Norte).

En el ámbito de la policía federal tampoco hay resultados esperanzadores. Allí están los casos de Tanhuato y Apatzingán, por mencionar los más sonados, y los al menos 55 casos de tortura con participación de la Policía Federal que fueron confirmados por la CNDH solamente entre 2012 y 2016 (Martínez, Paris, 12 de noviembre de 2018, “CNDH confirmó 55 casos de tortura por parte de elementos de Policía Federal entre 2012 y 2016” en Animal Político). Y no nos remontemos a años anteriores porque el panorama es igual, un largo historial de abusos allí donde llegaban los federales junto con los militares como parte de los famosos operativos conjuntos.

El hecho de que la propuesta presentada por Morena no haya incluido en el articulado la expresa dependencia de la Guardia Nacional de la Sedena puede interpretarse que deja abierta la puerta al debate, y entonces existe la posibilidad de que se establezca un mando civil. Lo cual resulta lo más deseable a la luz de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos a las que el Estado mexicano debiera prestar atención. Pero vamos, tampoco podemos dormir en nuestros laureles solo porque encargamos la seguridad pública a los civiles, recordemos los resultados arriba señalados, también son de las policías civiles. Así que participar activamente en monitoreos y auditorías ciudadanas, en denunciar irregularidades, en promover y defender derechos humanos seguirá siendo por largos años una tarea urgente e irrenunciable.

Algunos puntos a resaltar en la propuesta de reforma constitucional presentada por Morena porque pueden tener un efecto positivo son los siguientes:

Se explicita en el texto constitucional que bajo ninguna circunstancia las personas detenidas podrán ser trasladadas ni resguardadas en instalaciones militares, una práctica más o menos común cuando los militares llegan a realizar detenciones y que da ocasión para que incurran en actos de tortura.
Las faltas y delitos que cometan elementos de la Guardia Nacional serán conocidos por las autoridades civiles, y no militares.
En tres años, el Ejecutivo y el Legislativo deberán evaluar la política implementada que involucra a la Guardia Nacional, habrá que exigir que esto se haga de manera transparente y teniendo como referente los estándares de derechos humanos, así como demandar los ajustes necesarios o incluso el cambio completo de paradigma para atender la inseguridad y la violencia en caso de seguir igual o incrementarse.
El Estado Mexicano reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional ya que actualmente esto es opcional, solo si el Ejecutivo lo decide en cada caso y obtiene la aprobación del Senado, pero se plantea que ya no sea así sino una aceptación plena y permanente de la jurisdicción. La Corte Penal Internacional puede juzgar a personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad.

Los próximos meses serán de amplio debate acerca de cómo debe abordarse el problema de la inseguridad y, particularmente, a cargo de quién estará la Guardia Nacional. Incluso se ha planteado que el tema será abordado en una próxima consulta nacional a realizarse en 2019, la fecha dependerá de cómo quede la reforma al artículo 35 constitucional en lo referente a la consulta popular. Y a propósito de consultas, sin duda temas como la seguridad son de suma importancia y de gran impacto social, por lo que preguntar a la sociedad será un buen ejercicio, que también será duramente criticado por quienes consideran a esa misma sociedad eterna analfabeta en cualquier asunto público que les pudiera ser consultado. Algunos hasta parecen sentirse indigestados por dos consultas, aunque no haya siquiera participado en ellas. Claro, es normal su incomodidad porque jamás se nos había preguntado absolutamente nada sobre temas estratégicos, una consulta saca del secreto esos asuntos de interés público y los pone en la mesa de la discusión social donde cualquier persona puede intervenir. Habrá que participar y seguir con atención la deliberación pública sobre el rumbo del país, y participar en las decisiones, es nuestro derecho.

*Imágenes: pixabay.com.

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