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Algunas diferencias de la Cuarta Transformación

marzo 20, 2019Deja un comentarioEcologíaBy Antonio Hernández

Imagen: https://lopezobrador.org.mx/2018/09/11/proyecto-tren-maya/.

 

Sobre el Tren Maya, Rogelio Jiménez —director de FONATUR— dijo que “es una obra de desarrollo cuyo beneficio social compensará el impacto ambiental; no podemos ser a ultranza conservacionistas cuando tenemos tanta miseria”.

 

¿Cómo valorar ese juicio?

 

Una posibilidad es bajo una visión de congruencia.

 

Fueron varias las ocasiones en que el presidente mexicano señaló que ese proyecto tendría nulo impacto ambiental, con base en que el tren pasaría por lugares sin árboles. Con una visión reduccionista sobre las evaluaciones de impacto ambiental, desde la titularidad del poder Ejecutivo, quedó a un lado cualquier posibilidad de afectación adversa. El impacto ambiental del Tren Maya fue decretado nulo desde la Presidencia de México.

 

Al paso de los meses, la secretaria de Ambiente en el gobierno federal —Josefa González—, sobre el mismo proyecto, sensatamente dijo que se desconocía su impacto ambiental. Adelantó que para poder tener una dimensión sobre ese aspecto, eran necesarios los estudios pertinentes, los cuales apenas se encuentran en licitación. Su juicio fue racional, con base en los criterios de la legislación ambiental.

 

La visión de Josefa González es contraria a la del presidente. Opuesta a una que desde arriba ha determinado que el Tren Maya es un proyecto intachable, que no causará impacto a los ecosistemas.

 

La refinería en Tabasco, anunciada como obra estratégica del nuevo gobierno federal, tuvo un inicio contrario a la sostenibilidad. Posterior a su anuncio, las obras empezaron sin mayores formulismos, cuando se desmontaron trescientas hectáreas de mangle, para en ese espacio poder construir la infraestructura.

 

Para la obra promovida por el gobierno federal no se pudo ocultar que carecía de los permisos ambientales requeridos para la eliminación de los manglares. Trascendió esa resquebrajadura cuando el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) denunció el incumplimiento de ese criterio ineludible desde la visión del impacto ambiental, ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Transcurrido el proceso, la grave informalidad fue sancionada por la oficina del gobierno federal, responsable, entre otros asuntos, de la ordenanza para los delitos ambientales relacionados con el ámbito de los hidrocarburos.

 

La construcción de infraestructura eléctrica en el estado de Morelos fue causa de una descalificación frontal por parte del presidente mexicano a grupos opositores de esa obra. Radicales de izquierda y conservadores fue la síntesis de los adjetivos que les endosó. En ese ambiente de intolerancia, ocurrió el asesinato del “conservador y radical de izquierda”, Samir Flores, opositor a ese proyecto.

 

En San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León, el presidente mexicano anunció que el fracking no sería desarrollado en el país. Contrario a esa afirmación reiterada, es desde ese mismo gobierno que se sigue con el apoyo a dicha práctica, que ha causado destrucción en Nuevo León.

 

Nuevamente, desmintiendo el discurso presidencial, miles de millones de pesos fueron incluidos en el presupuesto federal para el desarrollo de proyectos vinculados con el fracking. También, la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó a Petróleos Mexicanos proyectos que requieren ser desarrollados con el método del fracking. Tiene un poco de turbación pensar cual sería el escenario a favor del fracking, si en lugar de avisar su fin, el presidente asumiera una posición a favor de esa nociva industria extractiva.

 

Cuando se divulgó el Presupuesto de Egresos de la Federación, se pudo tener la certeza de que el sector ambiental federal contaría con menos presupuesto para poder cumplir con su función.

 

A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con menos presupuesto, se le ha expuesto a un empobrecimiento en sus capacidades institucionales. Esto repercute en instituciones indiscutiblemente estratégicas, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), responsable de la administración y manejo del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP).

 

Entre un presidente que descarta el impacto ambiental de un megaproyecto como el Tren Maya, y un gobernador que siempre dijo que Monterrey VI era una obra benéfica, sin daños a los ecosistemas, ¿cuál es la diferencia?

 

Recordemos el ejercicio de la trasnacional FEMSA, quien impulsó el inicio de los trabajos destinados a la construcción de un estadio para el club de futbol Monterrey sin contar con autorizaciones ambientales, y busquemos compararla con la de un gobierno que determinó el inicio de obras en la refinería tabasqueña, también sin los permisos ambientales. ¿Cuáles son las diferencias entre las actuaciones o justificaciones de ambos actores?

 

Traigamos desde el pasado la vez que Aurelio Nuño, ex secretario en el gobierno de Enrique Peña, cuando a los maestros de la CNTE —opositores a la reforma educativa— los llamó conservadores y radicales, y comparemos esa manera con la del presidente, llamando de modo parecido a los grupos opositores del estado de Morelos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos juicios hacia los conjuntos ciudadanos en resistencia?

 

Entre el gobierno de Peña Nieto, quien en la parte final de su sexenio dejó sin miles de millones de pesos a la SEMARNAT al reducirle su presupuesto, y el actual, que ha realizado una actuación semejante, al disminuirle a la misma secretaría el dinero asignado para sus trabajos en el sector ambiental, ¿hay alguna diferencia para determinar presupuestos al sector ambiental?

 

Si tenemos un gobernador que afirma que el acueducto Monterrey VI no será construido, pero mantiene vigente la concesión para usar las aguas que requiere ese proyecto, junto con un presidente que afirma que no permitirá el fracking, pero el gobierno que preside destina presupuesto a la fractura hidráulica, y aprueba proyectos de esa índole a una empresa estatal, ¿cuál es la diferencia?

 

Entre un secretario federal de Turismo, afirmando que no podemos ser conservacionistas de la biodiversidad, y un gobierno local que impulsa carreteras al interior de un parque nacional, en un territorio de lo más carismático y, a la vez, vulnerable, ¿cuáles son las diferencias?

 

Ya no sé qué pensar. Quizá el cambio está en seguir igual.

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Sobre el autor

Antonio Hernández

Biólogo, con actividades en conservación de ecosistemas, desarrollo urbano, movilidad sostenible, radio comunitaria, y proyectos educativos con estudiantes de altas capacidades académicas.

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