El marine o de la frontera como herida
En días recientes, un grupo de productores y promotores de cine en Nuevo León presentó ante el Congreso local dos iniciativas: Ley de Filmaciones del Estado de Nuevo León; y la Ley para la Promoción, Fomento y Desarrollo para la Industria Cinematográfica y Audiovisual del estado de Nuevo León.
La primera propone básicamente una Comisión de Filmaciones, proyecto que ha sido intentado en un par de ocasiones anteriores sin que llegara a consolidarse. El objetivo de una oficina de esta naturaleza es trabajar con las áreas de Hacienda, Economía y Turismo del estado para crear una estructura que promueva a la región como como centro de producción audiovisual, que otorgue facilidades para atraer proyectos de cine y televisión, hacer sinergias con casas productoras, hoteles, restaurantes y servicios varios, crear catálogos de locaciones, facilitar trámites y fomentar la profesionalización de los equipos de producción locales, entre otras actividades.
La segunda plantea una serie de lineamientos en los que el estado debe involucrarse en la producción y promoción del cine, especialmente de la región y país. Hace un marco económico, industrial y social que el gobierno debe tomar en cuenta frente a la actividad cinematográfica estatal, desde la producción hasta la exhibición.
El desarrollo que el ambiente cinematográfico ha tenido en nuestra región en los últimos 20 años amerita la reflexión hacia estructuras en materia de políticas y legislación que definan mejor la diversidad de actividades y posturas existentes.
Pero es importante hacer algunas precisiones. Es un tema común, no por eso poco importante, observar que el cine es por su naturaleza histórica y técnica una actividad que tiene su parte industrial y su parte cultural; la primera considera a la obra como un producto que parte de una estructura de inversión que busca crear un producto rentable, al menos redituable, pero todo filme contiene elementos narrativos, discursivos y estéticos que dan significados hacia la sensibilidad de los públicos.
Una obra audiovisual contiene ambos aspectos, la diferencia radica en cuál de ellas es la dominante. De ahí partiríamos para otra larga discusión referente al cine como industria del entretenimiento y el cine como forma de expresión que mueve, transforma y da identidad a una sociedad. Como refería el gran Andrei Tarkovsky, nadie hace una película para perder dinero, el punto es cuando la haces sólo para ganarlo.
El estado no está para crear industria, en todo caso para facilitarla generando los marcos administrativos que hagan fluir mejor esa actividad, que es promovida principalmente por entidades privadas. Lo que sí es una obligación de los gobiernos es desarrollar políticas culturales centradas en el desarrollo de la expresión artística, en la preservación de la memoria y en el derecho de las sociedades a verse reflejadas en la creación cultural.
Es decir, una Comisión de Filmaciones ejerce la primera de las funciones, que es el marco para el desarrollo de una industria, y la entidad de cultura se ocupa de la política cultural. La combinación de ambas no ha dado buenos resultados, una prueba de ello es que por unos años el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte) albergó una Comisión de Filmaciones que nunca logró despegar, ya que estaba en la estructura equivocada.
Bajo estas consideraciones hay algunos puntos de los marcos legales antes referidos que es pertinente abordar. Por una parte se propone la creación de la Comisión de Filmaciones del estado de Nuevo León (COFILMNL), lo que puede resultar en el fomento a la actividad profesional y económica derivada de la producción audiovisual. Sin embargo, esta entidad se plantea con una presencia importante en cuestiones que estarían más en los ámbitos de una política cultural cinematográfica. El artículo 26 de la Ley para la Promoción, Fomento y Desarrollo para la Industria Cinematográfica y Audiovisual del estado de Nuevo León dice:
“La COFILMNL contará con un Comité Técnico, compuesto de profesionales del sector cinematográfico, que analizarán los proyectos susceptibles de apoyo, y la correspondiente asignación de recursos, para cada categoría y convocatoria. Dicho Comité se integrará por:
l. El Titular del Ejecutivo del Estado de Nuevo León o su representante;
ll. El Titular de la Secretaría de Economía y Trabajo o su representante;
lll. El Titular de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León o su representante;
lV. El Titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado o su representante;
V. El Titular del Fideicomiso de Turismo Nuevo León o su representante.
Vl. El Presidente de la Comisión de Economía, Emprendimiento y Turismo, o su representante;
Vll. El presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León o su representante;
Vlll. El Consejero Vocal del Gremio de Cine de Nuevo León o su representante;
lX. El Presidente del Clúster de Medios lnteractivos y de Entretenimiento de Monterrey o su representante;
X. El presidente del Clúster de Turismo Nuevo León o su representante”.
El esquema de este Consejo responde a la naturaleza industrial de lo que sería una Comisión de Filmaciones, con representantes de los sectores turísticos y económicos, salvo la minoritaria presencia del sector cultural (presidente del Conarte y el/la vocal del gremio de Cine). Sin embargo, plantea la asignación de recursos públicos para el apoyo a producciones cinematográficas, y que queda más claro en el artículo 17 de la misma ley:
“Los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública del Estado de Nuevo León a estudiantes, artistas, creadores, productores, trabajadores y promotores culturales del cine mexicano en el Estado para Ia investigación, producción, protección, promoción o difusión del patrimonio cultural del cine serán concedidos por el Comité Técnico de la COFILMNL, quien establecerá jurados de profesionales, que de acuerdo a criterios de concurrencia y objetividad y dentro de las previsiones presupuestarias, aprobarán los proyectos a los que se otorguen los apoyos, siempre y cuando se acredite la nacionalidad mexicana o la residencia a través de los mecanismos establecidos o por establecerse a nivel federal o local, debiendo emitir un informe al Ejecutivo”.
Los recursos del estado para la producción de obras cinematográficas, así como la promoción de creadores, investigadores y esquemas educativos, deben responder a una política cultural pública, por eso extraña que se establezca a través de un comité que por su naturaleza tendría otras visiones. El documento menciona que habrá colaboración con el Conarte, mas no especifica si este organismo seguirá operando los proyectos educativos y convocatorias de guion y producción existentes, que ha sido por donde el estado ha invertido en materia cinematográfica, ya que si nos atenemos a la letra, estos recursos tendrían que darse por medio de la COFILMNL. No sé si la presencia del presidente del Conarte y del vocal del gremio de Cine en la entrega de los documentos al Congreso nos esté dando alguna respuesta.
El artículo 18 es algo similar, aunque referido a producciones nacionales e internacionales. Por otra parte, el artículo 20 establece que:
“Compete a Ia Secretaría (de Economía y Trabajo), a través de la CODETUR (Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo león), reconocer e impulsar los concursos o certámenes de las películas mexicanas del Estado, que en el ámbito cinematográfico local, otorguen premios o distinciones, a los creadores, productores o demás personas destacadas que se encuentren relacionadas con las actividades cinematográficas de la entidad”.
Lo que parece decir es que los criterios para muestras, festivales, ciclos de cine, homenajes, distinciones varias promovidas por el estado, principalmente para creadores locales, quedan bajo consideraciones de corte económico y turístico.
Estos son, a grandes rasgos, los principales puntos que considero deben discutirse con mayor amplitud. Celebro que un grupo de productores y promotores estén proponiendo esquemas legales que activen la industria en nuestro entorno. No me opongo a la creación de una Comisión de Filmaciones. Mi controversia tiene que ver con la disolución de objetivos entre lo que debe de ser la industria, por un lado, y la política cultural pública, por el otro.
El precio de no diferenciar nos ha costado muy caro desde la firma del Tratado de Libre Comercio; mientras que Canadá sacó de la mesa de negociación al cine considerándolo como una exención cultural que no entraría en las reglas del libre mercado, México lo consideró una actividad industrial, por tanto lo condenó a competir con la industria cinematográfica más avasallante del mundo, la norteamericana, por lo que cualquier política de protección a nuestro cine ha sido doblegada por los tribunales del TLC argumentando proteccionismo. Mientras que Canadá, como Brasil o Argentina, tienen una estructura cinematográfica protegida que les permite producir con mayor facilidad y crear públicos más numerosos para su cine, México ha navegado a contracorriente, haciendo que realizar cine sea un acto prácticamente heroico frente a la dominancia casi absoluta del cine estadounidense.
Poniéndolo en nuestro contexto; el gobierno del estado debe garantizar, en primera instancia, el acceso a recursos para proyectos cinematográficos nuevoleoneses que difícilmente entrarían en los esquemas industriales de apoyo ya sea por su propuesta narrativa, su discurso, su búsqueda estética y su repercusión sociopolítica. El estado no debe ponderar la recuperación o ganancia monetaria, como ocurre en la industria, sino la retribución en forma inmaterial, ya sea en la incidencia en problemáticas sociales, en la gestación y promoción de autores cinematográficos, en el derecho de las audiencias de verse en la pantalla, que todo junto es el catalizador para la creación de tejido social, fundamento de una sociedad sana y productiva.
El célebre realizador brasileño, Glauber Rocha, hablaba del cine de la ausencia refiriéndose a todo el cúmulo de filmes que dominaban las pantallas representando discursos ajenos a las realidades del público que lo consumía. El cine de la presencia era lo contrario, siendo lo que buscaban las cinematografías regionales de los años sesenta, como el Nuevo Cine de su país.
Bienvenida
la industria, bienvenido el cine como entretenimiento, que también es
necesario. Pero el gobierno de Nuevo León, como política cultural
cinematográfica, nos debe garantizar la presencia del cine de la presencia,
valga la redundancia. Tengamos una Comisión de Filmaciones, pero por qué no
pensar también en un Instituto Cinematográfico de Nuevo León, o como quiera
llamársele, fundamentado en una visión de política pública.
Una última consideración que es también un llamado a dialogar: una ley estatal
que llegue a aprobarse nos regirá a todos quienes formamos parte de la
comunidad cinematográfica nuevoleonesa. En especial los asuntos relacionados
con política cultural deben resultar de una discusión más amplia, para que las
menciones que aparecen en los documentos sobre democracia, inclusión,
pluralidad y respeto estén soportadas en el consenso diverso y en propuestas
concretas, de lo contrario se corre el peligro de que queden sólo en buenas
intenciones o en el mero cumplimiento de la corrección política.
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